Han pasado veinte días desde que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó, ufano, desde Ceuta: "Hemos revertido la situación en 24 horas". "La normalidad se está alcanzando", añadió. Ese mismo día, a las 13.02 horas, el titular de Transportes, Óscar Puente, publicaba en X: "Otra crisis más que resuelve Pedro Sánchez". Solo dos minutos antes, el Falcon del presidente había aterrizado en el aeropuerto César Manrique de Lanzarote, desde donde Sánchez fue trasladado en una furgoneta al palacio de La Mareta.
Veinte días después de aquel aquelarre de autocomplacencia, basta recorrer unos cuantos metros de la playa del Tarajal para comprobar que la gravísima crisis humanitaria y de seguridad que afronta España está muy lejos de haberse resuelto. La política migratoria es uno de los grandes desafíos de las sociedades de nuestro tiempo. Y ni Sánchez ni ninguno de los ministros enviados a Ceuta durante estas semanas ha dado muestras de saber qué hacer. Publican tuits, ofrecen ruedas de prensa junto al presidente Vivas, vuelven a publicar tuits, comparecen en televisión, desdeñan al Senado —es decir, a los ciudadanos— y aplican la única máxima conocida de este Gobierno: esperar a que escampe.
El presidente Sánchez afronta todos los problemas siguiendo un mismo esquema: primero se vanagloria de lo que hace su Gobierno; después echa balones fuera y se desentiende; finalmente trata de contener las inevitables críticas provocadas por su inacción. Así han gestionado la pandemia, el volcán, los incendios, la DANA y, ahora, la crisis de Ceuta. Algo falla cuando el Gobierno parece haberse quedado solo en el elogio de sí mismo.
La situación en Ceuta es terrible. España, frontera de Europa, no sabe cómo actuar ante los cerca de 10.000 inmigrantes que permanecen en nuestro territorio. Ni se atreve a promover los cambios legales necesarios para agilizar la devolución de quienes puedan ser devueltos ni atiende con eficacia y humanidad la vulnerabilidad de muchas de esas personas.
El último ejemplo es el reparto de menores migrantes. Como ha señalado la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, nuestra comunidad nada sabe de la estrategia diseñada por el Ejecutivo para distribuirlos entre las distintas autonomías. Nada sabe Castilla-La Mancha —ni, por lo visto, ninguna otra comunidad— porque no existe un plan. Salvo ganar un día más; después otro; y luego otro más. Días en los que Sánchez disfruta de La Mareta y Puente golpea el teclado de su móvil con fruición y malicia.
Y así llegarán a septiembre. Después, a octubre. Y a ver qué pasa.
