La condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no es solo un escándalo jurídico: es un ridículo político mayúsculo para el PSOE. Un ridículo que ellos mismos han provocado por su obsesiva, y ahora humillante, defensa de un fiscal que ha acabado siendo culpable. Culpable. La palabra que tantos dentro del partido se negaban a pronunciar porque preferían vivir en un relato antes que enfrentarse a la realidad.

La hemeroteca es cruel, pero nunca tan implacable como ahora. Ahí está Pedro Sánchez, solemne, indignado, preguntando ante los periodistas: "¿Quién va a pedir disculpas al fiscal general cuando sea declarado inocente?". Pues ya tenemos la respuesta: nadie, porque le han declarado culpable.

Y la pregunta que Sánchez lanzó con gesto altivo se ha convertido hoy en su propio bumerán. ¿Quién pide disculpas ahora por haber puesto la mano en el fuego por él? ¿Quién se hace responsable de haber blindado a un alto cargo que ha acabado sentenciado por revelar información confidencial?

El PSOE sanchista, a este paso, de tanto poner la mano en el fuego por sus compañeros va a llenar la unidad de quemados de los hospitales.

Parece que en Ferraz lo único que saben es mirar hacia otro lado y repetir como papagayos la fórmula mágica del político acorralado: "Respetamos la sentencia… pero no la compartimos". ¡Sólo faltaría que llamaran a la insumisión! Una frase que, traducida del político al español, significa: "No vamos a admitir que nos equivocamos".

Lo más llamativo, y vergonzoso, ha sido la reacción de la cúpula socialista tras conocerse la condena. En vez de asumir el error político monumental de haber defendido a García Ortiz con uñas y dientes, han salido en tromba a cuestionar la sentencia, como si estuvieran hablando de una opinión editorial y no de un fallo del Tribunal Supremo.

Durante meses, el Gobierno ha actuado como abogado defensor del fiscal general. Lo han protegido, lo han avalado, lo han exhibido como víctima de una conspiración. Hoy, esa estrategia queda retratada como lo que era, una defensa partidista de alguien que no merecía ni el cargo ni la confianza.

Y aún así siguen defendiéndolo, siguen justificándolo, siguen intentando convencernos de que la culpa es de la oposición, de los jueces, de la prensa, del clima o de la reproducción del caracol salvaje. Cualquier cosa antes que reconocer que fueron imprudentes, arrogantes y políticamente irresponsables.

La condena de un fiscal general del Estado no es un incidente menor. Es un terremoto institucional; y, por eso, la pregunta que debería hacerse hoy cualquier gobierno serio es: ¿Cómo fue posible que el fiscal general cometiera un delito mientras ocupaba el cargo más sensible del Ministerio Público sin que nadie dentro del Ejecutivo levantara la voz? Pero en el PSOE prefieren otra estrategia: victimismo, indignación impostada y una defensa corporativa que repugna a cualquiera que crea mínimamente en la separación de poderes.

Este caso no es solo la caída de un fiscal; es la caída del discurso moral del PSOE. El partido que presume de ética institucional ha acabado defendiendo a un condenado. El partido que habla de "respeto a la justicia" ha acabado desacreditando una sentencia. El partido que pedía disculpas para su fiscal debería hoy pedirlas para España entera.

Porque esto no es un error menor. Es un bochorno nacional y el PSOE, en lugar de asumirlo, ha optado por lo de siempre: atacar a quien no aplaude, justificar lo injustificable y fabricar un relato para ocultar la realidad.

La justicia ya ha hablado y por fin se han dado cuenta de que no sólo hay que respetar sus decisiones cuando le son favorables. En definitiva, Sánchez, ¿quién es el que va a pedir perdón a partir de ahora?