Pese a llevar más de un año vencido, el Gobierno de Castilla-La Mancha sigue sin convocar el concurso de transporte sanitario terrestre del SESCAM que estará vigente durante los próximos años. Un proceso que los sindicatos aprovechan para demandar que el servicio sea gestionado directamente por la Administración regional, y poner en funcionamiento una empresa pública para el gobierno del transporte sanitario, asumiendo también los contratos de sus profesionales.

El Gobierno de Castilla-La Mancha adjudicó en septiembre de 2017 la gestión para los próximos cuatro años del servicio público de transporte sanitario terrestre en la Comunidad Autónoma. Una inversión superior a los 232 millones de euros para financiar esta prestación sanitaria en las cinco provincias de la región. Un presupuesto que se reparten entre la UTE Servicios Socio Sanitarios Generales S.L y Digamar Servicios, S.L. en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara por un valor superior a los 140 millones de euros; la UTE Consorci de Transport Sanitari Regio Girona S.A. y Nuevas Ambulancias Soria, S.L., en la provincia de Cuenca, por 38 millones; y Ambulancias Finisterre, tras la que se encuentra la familia San Román, en Toledo por un importe de 53 millones.

Pese a que la publicación del nuevo concurso se haya todavía pendiente de emplazamiento por parte de la Administración regional, ya han manifestado algunas empresas su intención de participar en la convocatoria del codiciado contrato. La última en hacerlo ha sido el grupo de transporte sanitario HTGroup, nacida de la fusión, en 2017, de TSC y Ambuibérica, polémica esta última por las constantes denuncias sindicales en Castilla-La Mancha y otros territorios donde tiene o ha tenido intereses comerciales. Un grupo al que le acaban de renovar, tras ocho años de concesión, el contrato de transporte sanitario en ocho de las nueve provincias de Castilla y León por un valor de 463 millones de euros.