Con el sector primario indignado y protestando en la calle, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho suyas parte de las reivindicaciones de las organizaciones agrarias y este mismo jueves ha propuesto formalmente mediante una carta enviada al Ministerio de Agricultura una serie de cambios en la Política Agraria Común (PAC), que gestiona y controla a nivel europeo las subvenciones que reciben los agricultores y ganaderos.

Según ha explicado en rueda de prensa, Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Ejecutivo presidido por el socialista Emiliano García-Page, las modificaciones que aliviarían la situación de los agricultores castellano-manchegos tienen que ver con la flexibilización de los ecorregímenes, la supresión de cierta burocracia y el retraso hasta 2027 del cuaderno verde digital.

Además, a juicio del consejero castellano-manchego, deberían introducirse de forma "inminente" las llamadas cláusulas espejo, con las que se trataría de evitar la competencia desigual con respecto a los productos de terceros países, que tendrían que seguir las mismas reglas del juego para ser comercializados en Europa. "Un agricultor de Castilla-La Mancha no puede competir fitosanitariamente hablando con otro de prácticamente cualquier otra parte del mundo", ha explicado.

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Para concretarse estos "reajustes", en palabras de Martínez Lizán, el Ministerio tendría que asumirlos en primer lugar y contar en todo caso con el visto bueno del Consejo Europeo. Por lo tanto, el objetivo que tiene Castilla-La Mancha es que los nuevos criterios puedan ser de aplicación en la PAC de 2025 porque para la presente campaña ya hay una "flexibilización" para 245 municipios de la región, avalada por el Gobierno central, afectados por la extrema sequía.

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Las modificaciones propuestas por Castilla-La Mancha, según ha recogido Efe, son las siguientes:

• Cuaderno digital, una de las exigencias "más difíciles" de cumplir para el sector, ha señalado el consejero. La propuesta es que no se aplique a superficies con menos de cinco hectáreas de regadío y 30 de secano y a explotaciones que perciban menos de 5.000 euros de la PAC, y que en todos los casos no se implemente hasta 2027, para poder mejorar la formación de los agricultores.

• Ecorregímenes: bajar de 90 a 60 días la reducción a efectos de pastoreo; disminuir la carga ganadera acorde con la pluviometría; reducir al 25 % la rotación de cultivos, y permitir determinadas labores verticales en las que no se mueve la estructura del suelo.

• Áreas de biodiversidad: reducir la superficie del 7 % al 3 % en el secano y del 4 % al 2 % en el regadío, con lo que se da oportunidad a estas zonas sin que sea "lesivo" para los agricultores.

• Mantenimiento de las cubiertas vegetales inertes en calles alternas y no en el total de la explotación, de forma que esas zonas se pueden aprovechar para labores que beneficien la retención de agua o para abonado.

• Incluir una nueva idea como ayudas de ecorregímenes para hacer estercolado cada tres años en las calles alternas, lo que también favorece al sector ganadero.

• Para las ganaderías que no disponen de pastos y tienen que hacerlo a través de barbecho, poder acceder a las ayudas aunque tengan 10 hectáreas (en este momento son dos), de modo que se beneficien explotaciones extensivas y semiextensivas.

Martínez Lizán ha reconocido que las manifestaciones masivas que están llevando a cabo los agricultores en las últimas semanas han supuesto una "alerta" al sistema político que regula el campo, pero ha recordado que las competencias en la materia son europeas pese a que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha entendido que se deben tomar decisiones.

"Tenemos que buscar los medios de apoyo a esa actividad", ha finalizado, no sin antes pedir la superación "del paradigma de pensar que el agricultor lo que quiere son subvenciones", cuando lo que quiere es desarrollar de forma rentable una labor que le apasiona.