César García, asesor jurídico del Colegio de Mediadores de Seguros de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.

César García, asesor jurídico del Colegio de Mediadores de Seguros de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Consejo Regional de Mediadores de Seguros de Castilla-La Mancha

Economía

Los Mediadores de Seguros recuerdan cuáles son las coberturas que tienen los pasajeros en caso de accidente

Los viajeros pueden acceder a indemnizaciones aunque no haya responsabilidad directa de la empresa ferroviaria.

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Superados los primeros momentos de emergencia tras un accidente ferroviario y una vez estabilizada la situación de las personas heridas, se abre una fase clave para las víctimas: la determinación de responsabilidades y el acceso a las indemnizaciones previstas por la ley.

En este contexto, el asesor jurídico del Colegio de Mediadores de Seguros de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, César García, explica cómo funciona el sistema de compensaciones y qué derechos asisten a los viajeros afectados.

García recuerda que cualquier persona que adquiere un billete de transporte público contrata de forma automática el Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV), una cobertura que garantiza indemnizaciones por daños corporales o fallecimiento con independencia de quién sea el responsable del siniestro.

Estas compensaciones están reguladas por normativa estatal y se calculan mediante baremos oficiales en función de la gravedad de las lesiones.

Pólizas colectivas

A esta cobertura básica pueden sumarse otras garantías complementarias que resultan determinantes en muchos casos.

Entre ellas, el asesor jurídico destaca los seguros de accidentes incluidos en numerosas tarjetas de crédito, siempre que el billete se haya abonado con dicho medio de pago.

"Hoy en día, la mayoría de los billetes se pagan por medios electrónicos, por lo que esta cobertura suele existir sin que el viajero sea consciente de ello", señala García, quien apunta que algunos de estos productos ofrecen límites de indemnización especialmente relevantes.

Asimismo, existen seguros de accidentes vinculados a convenios colectivos que pueden cubrir el denominado riesgo in itinere, así como pólizas colectivas contratadas por empresas, cuya activación dependerá de las circunstancias concretas del desplazamiento.

A ello se suman los seguros personales de vida o accidentes que cada afectado tenga contratados, cuyas prestaciones suelen ser compatibles con otras indemnizaciones.

Precedentes judiciales

En el ámbito sanitario, García recuerda que determinadas pólizas privadas pueden asumir gastos médicos, rehabilitación o tratamientos complementarios al sistema público, por lo que resulta fundamental revisar todas las pólizas disponibles para no dejar sin activar ninguna cobertura que contribuya a la reparación del daño sufrido.

Una vez determinada la posible responsabilidad de las entidades implicadas en el accidente, entra en juego el seguro de responsabilidad civil, aplicándose habitualmente por analogía el baremo de circulación de vehículos a motor, un sistema más amplio que permite valorar secuelas, perjuicios económicos y otros daños personales.

El asesor jurídico se ha referido también a precedentes judiciales en grandes accidentes ferroviarios, señalando que, en la mayoría de los casos, las víctimas acabaron recibiendo indemnización, aunque los procesos se prolongaron en el tiempo debido, entre otros factores, a la necesidad de esperar a la recuperación definitiva de las personas lesionadas para cuantificar con precisión los daños.

Por último, García recomienda revisar pólizas privadas como las de hogar o defensa jurídica, que en algunos casos incluyen cobertura para reclamaciones extrajudiciales y judiciales, y aconseja acudir siempre al mediador que haya gestionado el seguro para recibir un asesoramiento riguroso y especializado.

Desde el Colegio de Mediadores de Seguros de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo se subraya la importancia de contar con orientación profesional en situaciones de especial complejidad como los accidentes ferroviarios, con el fin de que las personas afectadas puedan ejercer sus derechos con garantías y acceder a las indemnizaciones que legalmente les correspondan.