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La justicia obliga a una residencia de ancianos de Guadalajara a subir el salario a sus empleados
Serán incrementos retributivos del 3,5 % y 2 % fijados en la normativa estatal para los ejercicios 2022, 2023 y 2024.
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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dictado que las trabajadoras de la residencia de mayores Santa Ana de Molina de Aragón (Guadalajara) tienen derecho al incremento retributivo fijado en la normativa estatal.
La residencia está gestionada por la Comunidad del Real Señorío de Molina y su Tierra, tal y como ha informado la federación de UGT Servicios Públicos Guadalajara. Fue el sindicato quien interpuso un conflicto colectivo contra esta comunidad.
"La sentencia pone fin a una injusticia que esta plantilla, compuesta por cerca de 40 personas siendo la mayoría mujeres, sufría desde el año 2021 debido a la falta de regularización de sus retribuciones", ha expresado el sindicato.
Según han indicado, la gestora alegaba "ausencia de negociación y de un convenio sectorial aplicable", pero la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha señala que ambas cuestiones "no pueden ser utilizadas como excusas para no aplicar los aumentos salariales que corresponden a estos trabajadores y trabajadoras". Por ello, el fallo establece que el personal laboral tiene derecho a los incrementos retributivos del 3,5 % y 2 % fijados en la normativa estatal para los ejercicios 2022, 2023 y 2024.
Sentencia
"Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado establecen un marco normativo que fija los límites máximos de incremento retributivo para el personal laboral de la administración pública, pero en ningún caso permiten que la entidad empleadora decida unilateralmente si aplica o no dichos incrementos", dicta la sentencia.
Asimismo, rechaza el argumento de la agrupación de municipios sobre la situación económica deficitaria del centro.
Por todo ello, desde UGT Servicios Públicos Guadalajara han calificado la sentencia como un "hito clave" en la defensa de los derechos de todos los trabajadores públicos. "Es un recordatorio de que las administraciones públicas no pueden incumplir la legislación laboral bajo pretextos económicos o administrativos", han sentenciado.
