El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la creación de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, un organismo autónomo del que dependerán aspectos relacionados con la ciberseguridad, la política de comunicaciones, el uso de la tecnología en la nube y la inteligencia artificial.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha comparecido en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno en el que se ha aprobado el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y de Creación de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha en el que se regulan, ha dicho, dos iniciativas importantes para la gestión del Gobierno regional.

La primera, la creación de la Agencia de Transformación Digital que es un compromiso de investidura del presidente regional, Emiliano García Page; y la segunda parte, un paquete de medidas administrativas que afectan prácticamente a todos los ámbitos de la administración y que se conoce como ley de acompañamiento a la ley de presupuestos.

Con respecto a la Agencia de Transformación Digital, ha comentado que se culmina el proceso de reorganización administrativa en materia de tecnologías de la información iniciada en esta legislatura, y con ella, todas las competencias, así como los recursos humanos, técnicos y materiales tanto de la administración regional como del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha pasarán a depender de este nuevo organismo autónomo, dependiente de la Consejería de Hacienda.

Servirá para centralizar en un solo ente las decisiones que son comunes a todos los organismos de la Junta como las relacionadas con la ciberseguridad, la política de comunicaciones, el uso de la tecnología en la nube y de la inteligencia artificial, ha puesto como ejemplo el consejero.

Una segunda ventaja, ha continuado, es que se "sacará un mayor provecho al talento digital" de la Junta de Comunidades, tanto del personal de la Viceconsejería de Transformación Digital como del Sescam, con lo que la agencia dispondría de inicio de unos 600 profesionales.

Y la tercera ventaja, ha destacado el consejero, es que se unifican así múltiples contratos y, por lo tanto, la Junta se dota de una mayor capacidad de negociación en el mercado tecnológico, en lo que se refiere, por ejemplo, a la adquisición de software o de licencias corporativas, lo que redunda en una optimización de los recursos financieros.

Para Ruiz Molina, se trata de "un instrumento clave" para dar un impulso a la modernización tecnológica de los servicios públicos y contribuir a reforzar la capacidad innovadora del tejido empresarial y mejorar su competitividad.