Diferentes políticos y exaltos cargos de la Administración de todos los colores se han integrado o puesto al frente en los últimos años de grandes lobbys españoles. Una actividad no suficientemente regularizada en nuestro país que impide que muchas de estas grandes compañías sean suficientemente transparentes en términos económicos y políticos. Grupos de presión que han abierto de par en par las puertas giratorias de muchos políticos posibilitando, de la misma forma que en compañías de otros sectores, la contratación de antiguos ministros, secretarios de Estado o diputados por estas sociedades. Una actividad, en este caso, que intenta influir en los procesos de elaboración de políticas en las instituciones de la Administración Pública española y de la UE en beneficio de sus clientes.

Un ejemplo paradigmático de esta actividad en Castilla-La Mancha lo representa el expolítico y exsindicalista Fernando Moraleda Quiles. Su paso por los sindicatos y posteriormente por diferentes puestos en la Administración del Estado, han resultado para el ciudadrealeño las mejores credenciales para trabajar en uno de los grupos de presión más importantes del país. Hagamos historia: natural de Ciudad Real (1956) y licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, Moraleda comenzó a trabajar en el gabinete técnico de la Federación de Trabajadores de la Tierra y de UGT, hasta que en 1987 fue elegido secretario general del sindicato socialista UPA, y reelegido posteriormente en cinco congresos. En 2004 es nombrado secretario general del Ministerio de Agricultura, y al año siguiente de Comunicación bajo la Presidencia del Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero. En 2008 es incluido en las listas del PSOE al Congreso de los Diputados por Ciudad Real en la IX Legislatura. 

Tras su paso por la política y los sindicatos, el socialista Fernando Moraleda ejerce en la multinacional LLYC (antigua Llorente&Cuenca) como senior advisor y director de la oficina de gestión de proyectos Next Generation, gracias a su “experiencia en consultoría de recursos humanos y relaciones laborales, agroalimentación, cambio climático y compliance”, según la firma de consultoría que omite su pasado sindicalista. Un lobby para facilitar a las empresas el acceso al Perte agroalimentario, una inversión pública de más de 1.000 millones hasta 2023 y que, de acuerdo con las estimaciones del Gobierno, generará un impacto económico de partida de 3.000 millones de euros y la creación de hasta 16.000 puestos de trabajo. Una inversión que se articulará a través de tres ejes fundamentales: el fortalecimiento industrial del sector agroalimentario, su digitalización y el apoyo al I+D+I en este ámbito.