Tras el cierre de todas las clínicas de servicios bucodentales de la empresa Dentix, el Ministerio de Consumo ha garantizado que defenderá los derechos de los usuarios afectados, en plena coordinación con las Comunidades Autónomas. En Castilla-La Mancha, la red de clínicas se extiende por las cinco provincias con un total de 8 centros. Consumo cifra en 101.481 las personas afectadas en toda España por el cierre con tratamientos ya abonados total o parcialmente (al contado o a través de créditos vinculados o de otro tipo). Dentix solicitó el concurso de acreedores a principios de octubre y desde el pasado viernes mantiene todos sus establecimientos cerrados.

El Ministerio mantiene conversaciones desde hace semanas con otras empresas del sector bucodental para “testar la viabilidad de una posible operación de compra que asuma los tratamientos pendientes”, la opción “más deseable” para garantizar su rápida continuidad. El organismo precisa que está trabajando con la CNMC en la potencial autorización de la operación. Por el momento, la única empresa del sector que ha mostrado interés en adquirir Dentix es Vitaldent, propiedad del fondo de inversión norteamericano Advent, que el pasado verano presentó una oferta no vinculante de entre 60 y 80 millones de euros por el negocio en España de la cadena.

En paralelo, el Ministerio de Consumo y el Banco de España mantendrán en los próximos días reuniones con las entidades bancarias que han ofrecido estos créditos. El objetivo es garantizar que los clientes dejen de abonar los pagos pendientes y que las entidades financieras devuelvan los importes ya abonados por servicios no prestados. Para ello, se les solicitará que sean proactivas informando a los usuarios de sus derechos y que interrumpan los cargos de los recibos tan pronto tengan conocimiento de que Dentix ha dejado de prestar los servicios. Para aquellas personas que hayan suscritos créditos vinculados con entidades bancarias para financiar sus tratamientos, Consumo recuerda que tienen derecho a dejar de pagar las cuotas ante la cancelación del tratamiento. El ministerio estima que, del total de afectados, el 65% han suscrito créditos vinculados.