El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su satisfacción por el informe publicado este viernes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que avala las previsiones macroeconómicas para los años 2020 y 2021 que se han elaborado desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para sustentar el límite de gasto no financiero para 2021, aprobado ayer, jueves, en las Cortes regionales y que es el primer paso para la elaboración del proyecto de presupuestos del próximo año.

La AIReF ha considerado razonable el escenario económico planteado por el Gobierno autonómico y ha resaltado, en su informe, que las estimaciones elaboradas desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se encuentran en línea con las realizadas por la AIReF y otras instituciones y, además, acredita que la metodología utilizada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es adecuada, ha informado la Junta en nota de prensa.

Según las previsiones elaboradas desde la máxima prudencia por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y que fueron dadas a conocer por su titular, Juan Alfonso Ruiz Molina, el pasado día 13 de octubre, tras aprobar el Consejo de Gobierno el conocido como 'techo de gasto' para 2021, se prevé para 2020 en Castilla-La Mancha que la tasa real del Producto Interior Bruto (PIB) caiga un 8,3 por ciento, tres puntos menos de lo que se estima que lo haga la economía nacional, y que en 2021 crezca un 4,2 por ciento, tres puntos menos que el incremento previsto para la economía nacional.

Según recalcó el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas durante la presentación del techo de gasto, estas estimaciones prevén un crecimiento para el próximo año inferior al que han estimado diversos servicios de estudio económico para la región, como BBVA Research y Hispalink, que situaban el crecimiento de Castilla-La Mancha el próximo año en tasas que rondan 5 por ciento.

En este sentido, AIReF en su informe ha señalado que Castilla-La Mancha cumple la recomendación de remitir a este organismo con anterioridad a la publicación del proyecto de Ley de presupuestos la información sobre las previsiones macroeconómicas que lo sustentan y la correspondiente petición de aval, así como el consejo de buenas prácticas de inclusión de una comparativa con otras previsiones independientes.