El Gobierno de Castilla-La Mancha llevará a las Cortes una ley de crédito presupuestario para hacer frente a la factura "muy alta" de la lucha contra la pandemia de coronavirus, con unos gastos que no estaban previstos, por ejemplo, las 4.000 contrataciones de sanitarios que se han tenido que hacer y el material sanitario. La consejera de Igualdad y portavoz del gobierno, Blanca Fernández, ha comparecido este miércoles junto con la consejera de Economía, Trabajo y Empleo, Patricia Franco, tras la reunión por vía telemática entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y representantes de los sindicatos y los empresarios.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha avanzado que toda vez que pase la pandemia de coronavirus y cuando se pueda retomar la actividad parlamentaria, el Ejecutivo autonómico ve necesario promover "por consenso" una ley de crédito presupuestario para ordenar el gasto de cara a la recuperación económica.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, Fernández ha señalado que este extremo ya fue trasladado a los representantes de PP y Cs en la videoconferencia del pasado lunes, tras lo que se ha mostrado confiada en "contar con su complicidad" para sacarla adelante en el Parlamento.

En todo caso, sí ha dejado claro que las premisas inamovibles del Gobierno regional pasan por dos pilares como son "blindar los servicios públicos y no volver a la fórmula de los recortes" para salir de la crisis que vendrá.

"Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha entendemos que lo primero son los servicios públicos y habrá que trabajar para que nadie quede en el camino. Esas son nuestras premisas básicas, pero estamos abiertos a más medidas y a negociar los presupuestos y todo lo que haga falta", ha aseverado.

Críticas a Paco Núñez

Ha sido en este punto donde ha criticado la postura expresada este martes por el Partido Popular, a quien acusa de incurrir en "contradicciones internas", ya que en un primer momento su presidente, Paco Núñez, "dijo que se sumaría al pacto si se sustentaba en presupuesto", mientras que su portavoz parlamentaria, Lola Merino, aseguraba poco después que "no se sumarían en ningún caso".

"En nombre del Gobierno, deseo que el PP tenga una única voz", ha zanjado.

Plan de 220 millones

En relación con el plan de recuperación económica, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este miércoles a los agentes sociales un plan extraordinario de medidas para la recuperación económica regional por la afectación del COVID-19 dotado de más de 220 millones.

Así lo ha indicado en ruda de prensa la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, tras la reunión por videoconferencia que ha mantenido el presidente regional, Emiliano García-Page, con los agentes sociales.

Un plan que, según ha indicado, tiene un impacto a corto y medio plazo, aunque también lo tendrá a largo plazo una vez que se reconvierta el pacto por el crecimiento y la convergencias económica que estaba llevando a cabo la Junta a un nuevo pacto adecuado al escenario actual económico.

Un plan que el Gobierno compartirá con los agentes sociales tras la reunión y que se han emplazado a reunirse a principios de la semana que viene para debatir las líneas propuestas por el Ejecutivo regional, centradas en los principales ámbitos de afectación de la economía regional.

En concreto, Franco ha señalado que se trata del apoyo a pymes y autónomos, con la protección y el mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras de Castilla-La Mancha, con el reforzamiento de las políticas activas de empleo y medidas específicas para turismo, comercio y artesanía.

CCOO comparte que se alcance un pacto

Por su parte, CCOO de Castilla-La Mancha comparte la necesidad de que se alcance un gran pacto por la reconstrucción económica y social en la región ante la situación generada por la pandemia del COVID-19, que cuente con el consenso de las principales fuerzas políticas y de los agentes sociales, con el objetivo de recuperar el empleo, la economía y las empresas.

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, se ha reunido este miércoles por videoconferencia con el presidente regional, Emiliano García-Page, la presidenta de la Gestora regional de UGT, Amparo Burgueño, y el presidente de la patronal regional CECAM, Ángel Nicolás, ha informado el sindicato en nota de prensa.

"Un pacto con ayudas sociales para los colectivos más desfavorecidos, ayudas económicas para las trabajadoras y trabajadores afectados por un ERTE o un ERE y también para las micropymes y personas trabajadoras autónomas; ayudas siempre vinculadas al mantenimiento y la generación de empleo", remarca el secretario regional de CCOO.

"Nos encontramos ante la crisis más importante del siglo, a nivel sanitario, laboral, económico y social, que requiere que desde los poderes públicos se adopten medidas extraordinarias y urgentes para la recuperación, para que nadie se quede atrás, para proteger y rescatar a quienes sufren situaciones más difíciles", afirma De la Rosa.

El sindicato valora las medidas económicas y sociales que hasta el momento se han puesto en marcha tanto en el ámbito autonómico, como a nivel estatal. "Van en la buena dirección, pero es necesario ir más allá teniendo en cuenta la dimensión y los efectos de la crisis generada por el coronavirus, avanzando en la adopción de medidas en el marco del diálogo social, para que todas y todos podamos salir de esta crisis".

Asimismo, De la Rosa ha trasladado al Gobierno regional la preocupación por la situación que el COVID-19 está generando en las residencias de mayores y ha pedido que a la mayor brevedad se cree una comisión de estudio para analizar y evaluar esta dramática realidad que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras y las personas residentes.

En este sentido, el sindicato ha insistido en la petición al Ejecutivo de que se apruebe e implante de manera inmediata un plan integral de actuación en residencias de mayores.

Bajo su punto de vista, es prioritaria la realización de test en estos centros residenciales, así como que se dote a las plantillas de los necesarios equipos de protección para garantizar su seguridad y salud y evitar que el coronavirus siga propagándose.

Para el sindicato la prioridad es la salud y seguridad de los trabajadores y de la ciudadanía en general, como también lo es el mantenimiento del empleo, evitar despidos masivos --"que en estos momentos sería nefasto para las economías familiares y para la economía en general"-- y el mantenimiento de las empresas.

"Nos enfrentamos a una recesión peor que la que vivimos en 2008, una crisis a nivel global, que exige una respuesta coordinada del conjunto de administraciones y agentes sociales", concluye De la Rosa.