El Gobierno de España va a aprobar este mismo martes un decreto para regular la nueva fase de la desescalada que se abrirá a partir del próximo domingo 9 de mayo tras el fin del estado de alarma que, entre otras cosas, va a permitir a las comunidades autónomas recurrir ante el Tribunal Supremo las decisiones que adopten los tribunales superiores de justicia sobre las restricciones que aprueben para seguir luchando contra la pandemia, según explican a Europa Press fuentes gubernamentales.

El Ejecutivo facilita así a los gobiernos autonómicos una vía para interponer recursos de casación, en los casos de que los tribunales superiores de las respectivas regiones tumben sus medidas. Es decir, se busca unificar doctrina y evitar que ocurra como el pasado verano, cuando tras el fin del estado de alarma algunas decisiones de la justicia fueron contradictorias y en algunos territorios se permitieron restricciones que no fueron autorizadas en otros.

Hasta ahora, los gobiernos autonómicos solo podían acudir al Supremo cuando intervenían como autoridades delegadas del Ejecutivo central, es decir, durante la vigencia del estado de alarma que les otorgaba este estatus, según explican fuentes jurídicas a Europa Press. Tras el cambio normativo aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, algunas regiones como Castilla-La Mancha, que ya ha anunciado su decisión de eliminar a partir del 9 de mayo el cierre perimetral pero manteniendo el toque de queda, necesitarán que la doctrina del Supremo les ampare si quieren prolongar la vigencia de la limitación nocturna de la circulación, al ser una medida que decae automáticamente con el fin del estado de alarma por afectar a las libertades fundamentales.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado que la Sala Tercera del Tribunal Supremo tendrá cinco días para resolver los recursos que planteen las comunidades autónomas sobre las medidas que adopten contra la pandemia.

Así lo ha explicado en la rueda posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado: "Hemos modificado que, para que todas las comunidades autónomas puedan proponer lo mismo para proteger a los ciudadanos y, si en un momento hay una discrepancia, que el Tribunal Supremo unifique y decida por todos y para todos", ha precisado Carmen Calvo, quien no considera que sea necesario reforzar con más efectivos esta Sala Tercera.

Preocupación en Castilla-La Mancha

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha indicado este martes, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que les preocupa el escenario que se plantea tras el fin del estado de alarma el 9 de mayo, sobre todo en lo referente a la cobertura legal que tendrán medidas como el toque de queda o la obligatoriedad de la mascarilla.

Hernando, a preguntas de los periodistas en su comparecencia ante la prensa, ha apuntado que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha espera que este miércoles, en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, el Gobierno de España dé soluciones para que, sin el estado de alarma, las comunidades autónomas puedan tomar decisiones para frenar la expansión del coronavirus.

Tras recordar que Castilla-La Mancha levantará el próximo domingo día 9 el cierre perimetral, ha añadido que en un escenario sin estado de alarma, les preocupa la cobertura legal para que, por ejemplo, siga siendo obligatorio llevar mascarilla, o para fijar un toque de queda. En ese sentido, ha indicado que el ocio nocturno es uno de los principales focos de contagio y, sin toque de queda, aunque se pueda poner un límite horario a los locales, la gente, "si se cierra el bar, hace botellón".

Hernando ha insistido en la necesidad de medidas homogéneas para España, y "que nadie piense que esto ha terminado" porque se esté vacunando a buen ritmo, porque la amenaza del virus sigue ahí".

Prórroga del escudo social

El decreto de este martes también incluye medidas para controlar los pasajeros internacionales, y aprueba la prórroga de algunas medidas del escudo social cuya vigencia iba ligada al estado de alarma, como la posibilidad de cobrar la jubilación y seguir ejerciendo la medicina o la enfermería para la gestión del COVID.

También se mantiene la suspensión de las reuniones de las Juntas de propietarios hasta el 31 de diciembre. Y se mantiene hasta el 9 de agosto la garantía de suministro de agua y energía y el bono social; la suspensión de los desahucios y la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual; y la consideración de servicios esenciales a los recursos contra la violencia de género.