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Multas por ver el fútbol con una IPTV pirata en España: así se hicieron realidad y cuál fue el papel de las operadoras
Al menos tres operadoras españolas solicitaron una aclaración sobre la polémica sentencia sobre la piratería del fútbol.
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Los bloqueos masivos ordenados por LaLiga sólo representan una parte de la cruzada de la organización liderada por Javier Tebas contra la piratería del fútbol, que nunca ha ocultado su verdadero objetivo: los usuarios de los servicios ilegales, que hasta ahora habían permanecido protegidos por la ley. Y el año pasado, obtuvo una victoria histórica que le permitió empezar el ambicioso proyecto de identificar y perseguir a los usuarios.
Fue hace ya más de un año, cuando una decisión aparentemente inocua del Juzgado de lo Mercantil Número 8 de Barcelona provocó un auténtico terremoto y el miedo de que millones de españoles fuesen a recibir una multa sólo por visitar una página que ofrezca contenido pirata.
El juez autorizó la identificación de los usuarios que habían accedido a direcciones IP de servicios de 'cardsharing', usados para compartir la señal obtenida legalmente; de esta manera, usuarios que no pagan directamente a LaLiga o a los servicios con licencia pueden ver el fútbol gratis o a un precio reducido. Las operadoras fueron obligadas a entregar los datos personales de los usuarios de estos servicios de 'cardsharing', incluyendo el nombre y los apellidos, la dirección postal de la instalación de la línea y la facturación, e incluso el DNI.
Usando los datos que había obtenido de las operadoras, LaLiga obtuvo toda la información que necesitaba para enviar cartas en las que solicitaba el pago de 450 euros a estas personas "por daños y perjuicios", a riesgo de ser demandadas si se negaban a ello. Ahora, por fin sabemos cuál fue el papel exacto de estas operadoras.
Según ha revelado BandaAncha, Digi, Orange y Vodafone preguntaron al juez si debían revelar la identidad de los usuarios finales de estos servicios piratas; esto demuestra que las operadoras se dieron cuenta de que la orden original no diferenciaba entre los usuarios finales y los responsables de los servicios. Inicialmente, se pensó que esto era necesario porque no se sabía quiénes eran los responsables; un análisis de los datos podría revelar esto y permitir la persecución legal de los creadores de estos servicios, que son los que obtienen lucro.
Pero en la práctica, el auto original permitió que LaLiga obtuviese los datos de los usuarios finales, y las operadoras parecían ser conscientes de lo que esto podía suponer. De hecho, Digi presentó un escrito en el que se oponía a presentar esta información personal.
El Androide Libre
Aunque las operadoras retiraron estas solicitudes de aclaración, es evidente que el juez se dio cuenta de lo que había pasado; posteriormente emitió un nuevo auto en el que aclaraba que el objetivo de la autorización no eran los usuarios finales, sino los responsables de estos servicios.
Pero era demasiado tarde; la Caja de Pandora se había abierto, y ya era imposible cerrarla. LaLiga confirmó que su verdadero objetivo siempre fueron los usuarios finales de los servicios piratas, además de sus responsables, con el pretexto de que estaban "defraudando la cuota de los paquetes de TV" que ofrecen acceso legal al fútbol en España. Y desde entonces, LaLiga se ha centrado en obtener permisos semejantes para conseguir los datos de los usuarios piratas; el pasado mes de diciembre, por ejemplo, se supo que la organización obtuvo permiso para identificar todas las direcciones IP que acceden al servicio de AceStream, usado para reproducir listas IPTV.
