A principios de mes el Ministerio de Consumo del gobierno español anunció que trabajaba en una nueva reglamentación que permitiría controlar el uso de las loot boxes o cofres de recompensas en los juegos, un mecanismo que se ha vuelto extremadamente popular, hasta el punto de cambiar la forma en la que se diseñan los juegos actualmente.

La intención del ejecutivo era limitar el alcance de este tipo de compras, que se acercaban a mecanismos relacionados con la ludopatía. Ahora ya sabemos cómo es el primer borrador para regular los Mecanismos Aleatorios de Recompensa (MAR) o Loot Boxes.

El DNI será obligatorio

La medida más fuerte, si la ley no cambia en su paso por las diferentes fases que le quedan por delante, es la necesidad de las empresas desarrolladoras de solicitar el DNI antes de realizar una compra de este tipo.

Regulación de las loot boxes en España El Androide Libre

Para el Ministerio de Consumo este tipo de compras se asemejarán a la entrada en un Salón de Juegos o un Casino, solo podrán hacerlo los que sean mayores de edad.

Esta obligación se dará tanto en los juegos donde se nos pide dinero para comprar estos cofres como en los que se piden monedas o elementos virtuales.

Limitando las compras

Rueda de prensa de Loot Boxes del Ministerio de Consumo El Androide Libre

Otra de las obligaciones que tendrán los desarrolladores será la necesidad de permitir que los usuarios establezcan un límite de dinero o en los plazos entre compra y compra, desde el propio juego o web.

Publicidad, pero poca

El anteproyecto de ley no prohíbe la publicidad de estos elementos, pero la restringe muchísimo. Para empezar, en soportes audiovisuales como televisión o radio sólo podrán anunciarse de madrugada, entre las 1 y las 5.

Además, no podrá hacerse publicidad de este tipo de mecánicas fuera de las webs de videojuegos o relacionadas con los mismos.

Actualmente este anteproyecto de Ley se encuentra en fase de audiencia pública, pudiendo ser modificado antes del 23 de julio. La redacción definitiva tendrá que pasar por el Consejo de Ministros y luego se tramitará en las Cortes Generales.

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