Los vaivenes del Tribunal Supremo en el caso de los impuestos de las hipotecas podrían tener base para que los bancos solicitaran una indemnización al Estado. Según fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL, la actuación del Supremo podría interpretarse como funcionamiento anormal de la administración de justicia.

El funcionamiento anormal de la administración de Justicia es un supuesto previsto a efectos indemnizatorios en la Constitución. En su título VI, dedicado al poder judicial, la carta magna española contiene un precepto que dice: “Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la administración de justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley”.

Según las fuentes consultadas por este diario la actuación del Supremo podría entrar en ambos casos aunque la opción funcionamiento anormal es la que más papeletas podría tener. En el fondo de la cuestión de las decisiones tomadas durante estos días estaría la puesta en cuestión de la seguridad jurídica.

La doctrina tradicional durante los últimos 20 años marcaba que el pago del impuesto corresponde a los prestatarios y no a los bancos. El pasado 18 de octubre la Sección Segunda del Supremo cambió este criterio y abrió la puerta a que fueran los bancos los encargados en pagar el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas.

Esta decisión ocasionó un terremoto por el que los bancos sufrieron importantes caídas en bolsa. Del mismo modo, en estos días se llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de realizar una revisión retroactiva por la cual los bancos podría haber tenido que pagar hasta 25.000 millones.

Ayer, finalmente el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desautorizó el criterio de la Sección Segunda y volvió a considerar que son los clientes los que tienen que pagar los impuestos en las hipotecas. Esta actuación es en la que podrían basarse los servicios jurídicos de las entidades bancarias para solicitar una indemnización millonaria.

El primer efecto que tuvo la actuación del Supremo es la más evidente: la caída del valor bursátil de las acciones de las entidades financieras que llegaron a perder hasta 8.000 millones en su conjunto. Del mismo modo, las entidades financieras podría reclamar un daño a su marca y reputación.

Desde el sector han declarado sentirse cansados de la visión tan negativa que se da de su negocio. La idea que durante los últimos 20 años los bancos no habrían pagado un impuesto que les correspondía ha sido una idea que ha calado en la sociedad en los últimos días y que, una vez más, ha golpeado la ya maltrecha imagen de las entidades financieras.

Mínima probabilidad de que los bancos reclamen

Aunque pueda existir base jurídica para hacerlo, las opciones de que las entidades financieras reclamen una indemnización por la actuación del Supremo es muy poco probable. 

Las mismas fuentes jurídicas consultadas explican que todo lo ocurrido en la actuación del Supremo es atípico, pero forma parte del sistema judicial. Es un riesgo al que se está sujeto cuando se ejerce una actividad como la financiera. Uno de los riesgos que las entidades asumen en su actividad es el riesgo país, que incluye la actuación de los órganos judiciales. 

Del mismo modo, existiría un gran problema a la hora de cuantificar el daño ocasionado durante estos días. La bajada en bolsa de las entidades financieras no vino determinada única y exclusivamente por las resoluciones judiciales. Durante esos días influyeron otros factores como la situación política en Italia, la económica en Estados Unidos, las elecciones en Brasil... 

Así como el valor en bolsa es una cuestión que, tras la última decisión del Supremo, las entidades financieras parece que pueden recuperar, es más complicado valorar como este situación ha afectado en función de marca, imagen, reputación a la banca. La actuación del Supremo ha vuelto a colocar al sector en el disparadero, con las asociaciones de los consumidores volviendo a poner en tela de juicio su actividad y convocando manifestaciones a la puerta de los juzgados. 

Precisamente la compleja situación que estas entidades viven en materia de imagen va a ser uno de los factores que más va a pesar a la hora de decidir no reclamar. En las últimas semanas las preferentes, las ayudas a la banca y la situación de las cajas ha vuelto a aparecer en el debate público. Desde las entidades financieras, una vez el Supremo ha tomado una decisión y, pese a la intención del Gobierno de cambiar el impuesto, el objetivo es claro: pasar página y mirar para adelante.