Sebastián Albella, presidente de la CNMV.

Sebastián Albella, presidente de la CNMV. J.L.Cereijido Agencia EFE

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La CNMV ignora al Gobierno y ratifica la OPA de Atlantia sobre Abertis

Desestima el requerimiento del Ejecutivo de anular la oferta italiana tras solicitar el grupo controlado por los Benetton autorización para la operación.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha desatendido el requerimiento que el Gobierno realizaba, el pasado 7 de diciembre, de anular la autorización que el regulador presidido por Sebastián Albella daba en octubre a la OPA que Atlantia lanzó sobre Abertis.

Desde Atlanta declinan hacer comentarios sobre la decisión de la CNMV. Sin embargo, fuentes cercanas a la operación consideran que -a partir de ahora- volverá la normalidad a la misma.

Es decir, confían en que tras el dictamen del organismo que lidera Sebastián Albella y la decisión de Atlantia de solicitar autorización se devuelve la tranquilidad a los inversores y accionistas de Abertis. 

El Ejecutivo entiende que la empresa italiana debe solicitar autorización administrativa para la operación, dado que los activos que gestiona Abertis son, en última instancia, titularidad del Estado y estratégicos para el país.

Las solicitudes fueron realizadas por el Ministerio de Fomento y el de Energía debido a la ausencia de petición de autorización en la oferta de la compañía italiana. Según el Gobierno, el regulador debía subsanar 'este defecto' y revocar la opa de Atlantia.

La CNMV se ratifica en su decisión

En vez de aceptar o rechazar el requerimiento, la CNMV se ha ratificado en su decisión, tomada el pasado mes de octubre, de aceptar la oferta del grupo transalpino sobre la concesionaria española.

Cree el regulador que el paso dado por Atlantia, el pasado 21 de diciembre, de solicitar esa autorización administrativa al Gobierno resulta suficiente, con lo que deja que el expediente siga su curso.

Tras no atender su petición de subsanar el defecto de forma que, a su juicio, tenía la OPA de Atlantia, los Ministerios de Fomento y de Energía, como ya han advertido, podrían recurrir a la vía contencioso-administrativa para intentar lograr su objetivo.