El SOS 4.8, el Alrumbo de Chiclana, el sevillano Tendencias, el Tomorrowland de Barcelona el Elrow de Salou o el Neox Sound de Getafe. Son sólo seis de las bajas festivaleras del año pasado. En 2017 se cancelaron 26 festivales de música en España, según el recuento del Sindicato de Músicos. Se suman a los nueve que se apagaron un año antes, con cancelaciones tan sonadas como las de Monegros o Marenostrum.
Los motivos van desde los desacuerdos con las administraciones a los problemas técnicos, de seguridad, financiación o laborales. Es la otra cara de una moneda que ha hecho de los festivales el principal atractivo musical como potencia turística y económica.
Una gallina de los huevos de oro en plena burbuja: todo pueblo tiene su propio festival. En España se contabilizaron el año pasado 851 festivales, según los datos del Anuario de la Asociación de Promotores Musicales. En 2014, fueron 885. Los más grandes (Arenal Sound; Rototom Sunsplash, Primavera Sound, Viña Rock, FIB, AlRumbo, Sónar, Mad Cool, BBK Live y Resurrection Fest) sumaron más de 1,6 millones de espectadores y unas cifras económicas de infarto.
Festival, la marca
Un par de ejemplos: La primera edición del MadCool tuvo un impacto de 23,2 millones de euros en la Comunidad de Madrid y se crearon, aseguraron los organizadores, cerca de 2.000 empleos. Unas cifras que crecerán si tenemos en cuenta que el festival madrileño cambia de ubicación este año pasando a tener siete escenarios y a recibir 80.000 personas diarias frente a las 35.000 de sus dos ediciones anteriores.
El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, por su parte, afirmaba el pasado mes de junio que Castellón Tierra de Festivales, la marca creada para impulsarlos y que cuenta con ayudas económicas de hasta 400.000 euros para los macrofestivales de una provincia que suma más de 80 citas, generaría unos ingresos de 60 millones de euros y crearía más de 2.000 empleos.
¿Turismo? ¿Negocio? ¿Cultura?
Tanto es el poderío turístico y empresarial de los festivales que FITUR, la feria de turismo que cada enero reúne al sector en Madrid, ha lanzado una nueva sección llamada FITUR Festivales, impulsada por Spain Live Music, la asociación de Turismo Musical en España. Y entre todo este entramado de intereses, las que parecen que pasan desapercibidas son las protagonistas: las bandas de música.
Con el Gobierno inmerso en Cataluña y otros fuegos, el Estatuto del Artista sigue esperando acuerdos, concreción y un texto que pueda aprobarse por fin para regular a los trabajadores de la cultura. Mientras tanto, la música en directo sigue tirando de un sector (las últimas estadísticas de 2016 afirman que subió un 15% y facturó 223,2 millones en España en 2016, según APM) precario que necesita un “debate sensato”, afirma David García Aristegui, de la Unión Estatal de Autores, Intérpretes y Compositoras.
“Es una hoguera a la que se está echando un gran bidón de queroseno. Los festivales tienen importancia turística y económica, pero hay un pequeño problema: no hay tantas bandas nuevas ni en España ni fuera y las que hay son de éxitos tipo revival o de estilos estereotipados. Por tanto, ¿hay demanda de festivales? Sí, pero no hay bandas. Hablar de 26 cancelaciones en un año, dos al mes, es algo que debería llevarnos a reflexionar y más cuando se está fomentando un modelo en el que se vende una ‘experiencia’ por encima de la música”, garantiza.
Un año importante
Albert Salmerón, presidente de la APM por su parte, se sitúa en el extremo opuesto y afirma que 26 cancelaciones es un pequeño 2,5% entre toda la oferta y agrega que el 2017 ha sido muy bueno para el sector. “Ha sido un año importante en el que los festivales han alcanzado un gran protagonismo y muchos grandes han entrado en la Champions de los festivales. Se ha consolidado España como un país puntero en el panorama con una gran diversidad de estilos y tamaños”.
Sobre si el debate sobre el motor turístico de los festivales eclipsa al cultural, responde categórico. “No está reñido. Un festival se presenta y vende abonos, incluso sin anunciar el cartel, con una oferta cultural y musical ante su público, un público muy fiel que conoce su trayectoria. Por otro lado están las cifras de impacto económico, que se buscan para justificar los apoyos de las administraciones públicas porque el impacto social y cultural, que hay que tener en cuenta, es difícil de medir ante las instituciones”.
“El país de la factura”
Mientras España se forja como un país festivalero, el Estatuto del Artista no llega y cada comunidad y cada festival, la mayoría con aportaciones públicas, regula a su estilo. Tanto que lo más extendido, denuncian los sindicatos de músicos, es que se les exija facturar (es decir, ser autónomos o falsos autónomos) a riesgo de no tocar o cobrar en negro. “Tenemos constancia de festivales grandes que pagan así”, confirma García Aristegui. Y todo esto, recuerda, a pesar de regir una normativa común que obliga a todos los festivales (sean veraniegos, por salas o ciclos) a hacer un contrato laboral a los grupos y darlos de alta en el Régimen de Artistas. Sin embargo, la ley se cumple poco.
“Estamos en el país de la factura. Se da por supuesto que todos los músicos son autónomos. Lo hace Madrid Destino con los conciertos del Matadero, lo hace el INAEM con Girando por Salas (si lo organizan, ellos son los promotores digan lo que digan) y si lo hacen las instituciones, cómo no lo van a hacer los festivales (y hay que recordar que la mayoría cobran subvenciones públicas).
Se exige a los músicos cooperativas para facturar o no tocan como Musicat, Mus21, Articart o SmartIB, que han engreasado un sector entero para que haya falsos autónomos“. Aun así, se están dando los primeros pasos. El Ayuntamiento de Madrid ha impulsado un Código de Buenas Prácticas que exige que los artistas sean contratados con alta en la Seguridad Social para evitar la extendida figura del falso autónomo. Esta medida impulsada por el PSOE-M también se ha puesto en marcha en Barcelona a iniciativa de la CUP para que el Ayuntamiento contrate directamente a los músicos a partir de este año, en Galicia y en festivales como el Noroeste de A Coruña.
Riesgos laborales
Pero no es el único frente abierto que tienen los festivales de la geografía española. Las condiciones laborales de técnicos y otros trabajadores, como los camareros, saltan cada verano a los titulares antes las condiciones abusivas que sufren con jornadas interminables y una remuneración precaria.
Los técnicos se empezaron a organizar el verano pasado en el colectivo Ya no te Crew y han denunciado casos como el este que grabó Ramón Sendra en el Festival de Jazz de Barcelona detallando su turno de nada menos que 20 horas. Ante esto, Salmerón incide en que lo habitual es que los festivales contraten estos servicios técnicos y de hostelería con terceras “empresas de servicios especializadas”.
García Aristegui pone un elemento más encima de la mesa: la seguridad y la prevención de riesgos laborales. El pasado verano murieron dos trabajadores en festivales españoles. “No hay una regulación específica para estos monstruos en los que se han convertido los festivales. Algunas comunidades están avanzando, pero en general las instituciones están haciendo una dejadez de sus funciones en algo que es importantísimo. Las administraciones deben ser más activas con inspecciones de trabajo y de contrataciones".
“Hay que regular muy bien todo el panorama que afecta a la música. Es fundamental una regulación laboral a través del Estatuto del Artista. Espero que en los próximos meses haya una regulación clara sin espacio para dudas, pero también debería haber una Ley de la Música”, concluye Salmerón.