Componentes de la Sección del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Segovia han procedido a la investigación de cuatro personas de entre 23 y 69 años por un presunto delito relativo a la Protección de la Flora y la Fauna al ser sorprendidos la semana pasada cuando cazaban de forma furtiva liebres con galgos en un terreno cinegético especial, Coto de Caza, de la localidad de Miguel Ibáñez.

Los ahora investigados se encontraban cazando con cuatro galgos sueltos en el terreno, en un día no hábil para la caza, un martes, sin la autorización administrativa para el ejercicio de la caza, sin el seguro del cazador, cazando en cuadrilla y habiendo cobrado una pieza de caza que trataron de ocultar cuando se percataron de la presencia de la Guardia Civil, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Las mismas fuentes han explicado que los efectivos del Seprona de la Guardia Civil de Segovia están detectando en los últimos tiempos un incremento en las actividades de caza con galgo sin autorización y sin la documentación necesaria, por lo que se ha activado un dispositivo para tratar de atajar el problema.

Según recuerdan, la caza de liebre con galgo está regulada en la Ley 4/1996, de Caza de Castilla y León, así como en el Artículo 335, en su apartado 1, 2 y 4, de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal. La comisión de infracciones relacionadas en esta materia, pueden acarrear multas desde 100,00 euros en el caso de las infracciones leves, hasta 78.077,48 euros en el caso de las infracciones muy graves.

La actividad cinegética en la provincia de Segovia es objeto de preocupación y seguimiento continuo por parte de la Guardia Civil, al objeto de proteger los recursos cinegéticos, el equilibrio racional de los ecosistemas naturales y evitar perjuicios a quienes realizan el ejercicio del deporte cinegético con los requisitos, documentación y permisos pertinentes.

En este año, esta preocupación y seguimiento se han traducido en la detección de 223 infracciones de caza, y la investigación de delitos relativos a la caza con un resultado de ocho personas detenidas o investigadas y puestas a disposición judicial. Las infracciones más frecuentes son las relativas a la carencia del permiso del titular del coto y la ausencia de licencia de caza.