Sanidad

La Fiscalía archiva la denuncia de la vacunación de Ambuibérica al no encontrar indicios de infracción

20 marzo, 2021 11:31

La Fiscalía de Valladolid ha archivado la denuncia que presentó CGT por la actuación seguida en Ambuibérica --concesionaria del transporte sanitario en Castilla y León-- respecto de la gestión de las listas para vacunar frente a la COVID-19 entre el personal de la empresa en varias provincias, en la que el sindicato aseguró que se había vacunado antes a trabajadores de oficinas e incluso algún directivo que a los que están en "primera línea".

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas, la Fiscalía señala que en el relato que realiza el sindicato no existen indicios "bastantes" de una infracción penal y señala que sólo se ofrece una afirmación sin ofrecer hechos que den base a la misma, pero además no aporta nombres, lo que no permitiría una investigación en torno a si se vacunó antes a personas de administración, directivos o gente que no está expuesta directamente al coronavirus como el personal de las ambulancias.

Aún así, aclara que si se dieran por ciertos los hechos denunciados sería "prácticamente imposible" establecer, "si quiera de forma indiciaria", que los hechos sean constitutivos de infracción penal, al denunciarse delitos de prevaricación y malversación, que sólo pueden cometer funcionarios, y no se señala que la Gerencia de Salud tuviera conocimiento de la condición o trabajo de los incluidos en la lista que se les remite.

En la misma línea, considera que las vacunas tampoco se han utilizado para un fin distinto del de inmunizar a los ciudadanos y lo que se ha hecho ha sido establecer un protocolo de prioridades y el hecho de que haya un número de vacunas limitado no le ha llegado a otro personal como denuncia el sindicato, lo que no implica que estén excluidos o se les haya dejado de considerar como personal de emergencias.

En cuanto al posible delito contra la seguridad y la salud de los trabajadores que denunciaba CGT, la Fiscalía parte del hecho de que la vacuna "no inmuniza ni excluye el contagio", sino que "al parecer excluye sus síntomas o consecuencias graves". Además, añade que en el escrito no se hace referencia a trabajador alguno que desde el momento de la vacunación que no se le ha aplicado hasta la fecha se haya visto contagiado y sus síntomas sean graves o le hayan abocado al menos a un ingreso hospitalario.

Por otro lado, la Fiscalía incide en su escrito en que la lista que reclama la Gerencia de Salud en atención al protocolo establecido es un documento elaborado por un particular, en este caso Ambuibérica, puede calificarse como documento público u oficial por su finalidad,y en el caso de que fuera cierto que se incluyó ha personas no previstas en el protocolo habría faltado a la verdad en su contenido, lo que podría tener encaje en el Código Penal, pero resulta impune cuando se comete por un particular salvo en determinadas circunstancias que aquí no concurren.

"Y es que no todas las acciones éticamente reprochables son constitutivas de infracción penal, aunque sin duda pueden alcanzar al ámbito contractual y administrativo, de las relaciones entre la empresa concesionaria del servicio y la administración por la deslealtad que pueden suponer", concluye la Fiscalía.

DENUNCIA

CGT presentó un escrito en el que denunciaba tanto a responsables de la Junta de Castilla y León como a los mandos de Ambuibérica implicados en la administración de la primera dosis de la vacuna frente a la COVID a personal administrativo, incluso gente que teletrabajaba, y directivos en Valladolid y Zamora que no están entre los grupos prioritarios de vacunación, postergando con ello a trabajadores de mayor riesgo como técnicos sanitarios y empleados que atienden emergencias o se dedican al traslado de pacientes COVID-19.

El sindicato entendía que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, al haber sido administrada una vacuna propiedad de la administración a quien no tiene derecho a ella; falsedad documental, al haber podido ser falsificado el listado de trabajadores de la empresa entregado a la Junta, y un delito contra la seguridad de los trabajadores, en alusión a los postergados y en los que verdaderamente urge la administración de las dosis.

En el caso concreto, en las provincias de Valladolid y Salamanca se habría podido vacunar a personal de administración y oficinas, mientras que en Zamora uno de los responsables de la empresa habría sido el primero en vacunarse, según el sindicato.

Representantes sindicales aseguraron tener contrastados estos datos y recordaron que en Cataluña se habían producido hechos similares entre directivos de otra empresa perteneciente al mismo grupo que Ambuibérica (Health Transportation Group, HTG) y fueron objeto de investigación por el servicio de salud.