Un ejemplar de lobo ibérico, una especie protegida en el LESPRE, en el norte de España iStock
CyL y otras 13 comunidades anuncian acciones judiciales para que el Gobierno cumpla la normativa europea del lobo
Denuncian que el Ministerio sigue sin remitir a Europa un informe obligatorio sobre el estado de conservación de especies como el lobo ibérico, lo que ya ha provocado la apertura de un procedimiento sancionador contra España.
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La gestión del lobo ibérico ha desencadenado una ofensiva judicial sin precedentes contra el Gobierno de España.
Castilla y León, junto a otras 13 comunidades, ha anunciado el inicio de nuevas acciones legales ante el Tribunal Supremo para exigir que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) cumpla con su obligación de remitir a la Comisión Europea los informes sexenales de conservación de especies protegidas.
Esta obligación está establecida por la Directiva Hábitats de 1992 y, precisamente su incumplimiento ha provocado que la Comisión Europea haya iniciado un procedimiento sancionador contra España por no haber enviado dicho informe en plazo.
Para poder aprobar y remitir ese informe es necesaria la reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que corresponde convocar al Ministerio.
El reglamento interno de este órgano de interlocución con las autonomías fija que la convocatoria es de obligado cumplimiento cuando lo solicita al menos un tercio de las comunidades, circunstancia que se ha producido en varias ocasiones por hasta 14 gobiernos autonómicos — en concreto, los días 21 y 24 de julio de 2025, y nuevamente el pasado 5 de mayo—.
"Pero el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sigue sin convocarla", asegura la Junta.
Según los gobiernos autonómicos, el Ministerio ha cancelado reuniones clave, como la Conferencia Sectorial de julio de 2025, y ha rechazado reiteradas solicitudes de convocatoria urgente, vulnerando el propio reglamento del órgano.
Criterios "subjetivos e ideológicos"
La tensión ha escalado tras las últimas afirmaciones del MITERD, que sostiene que la UE exige la existencia de 500 manadas de lobo en España para considerar el estado de la especie como "favorable", frente a las 333 censadas actualmente.
Las comunidades rechazan tajantemente este criterio, asegurando que la Comisión Europea nunca ha establecido esa cifra de forma oficial.
Además, califican de "inaceptable" que el Ministerio cuestione ahora el rigor técnico de los profesionales autonómicos cuando el censo nacional fue coordinado por los propios equipos del Ministerio.
Las autonomías firmantes subrayan una contradicción técnica evidente: en el sexenio 2007-2012, con menos manadas y menor área de distribución que hoy, el estado de conservación se calificó como favorable.
Sin embargo, denuncian que el Ministerio aplica ahora una "reinterpretación unilateral y subjetiva" para arrojar un resultado desfavorable, lo que a su juicio responde a una utilización ideológica del patrimonio natural.
Un incumplimiento confirmado por Bruselas
La confirmación del estancamiento administrativo llegó el pasado 9 de abril de 2026, cuando la Comisión Europea comunicó oficialmente a las autoridades cántabras que sigue esperando la documentación oficial por parte de España.
Este bloqueo no solo afecta al lobo ibérico, sino a la totalidad de las especies de interés comunitario sobre las que el Estado debe informar periódicamente.
Ante lo que consideran un "trámite de información pública injustificado" para dilatar los plazos, las comunidades han decidido que sea la justicia la que obligue al Ejecutivo a cumplir con la normativa nacional y europea.
