Los colectivos de abogados y procuradores en Valladolid están en 'pie de guerra' ante el colapso del Juzgado de Primera Instancia 4, especializado en cláusulas suelo y gastos hipotecarios, debido a la ingente entrada de demandas y la escasez de medios humanos con que cuenta, lo que hace imposible no sólo la tramitación de los casos sino el reparto del dinero que los bancos consignan para los demandantes.

La situación ha llegado a tal punto que los máximos responsables de ambos colectivos, Javier Martín y Mar Abril, como decanos del Colegio de Abogados y el Colegio de Procuradores, respectivamente, solicitan la intervención del Ministerio de Justicia para reforzar el Juzgado de Primera Instancia 4 y el 4 Bis, este último creado desde junio de 2017, con más funcionarios al objeto de dar salida a las más de mil demandas que han entrado entre enero y marzo del presente año.

Y es que de las más de 5.000 demandas civiles de todo tipo registradas en el último trimestre, más de 1.200 han ido a parar al 4 y 4 BIS, a cuyo frente se hallan cuatro juezas, una en el primero y tres en el segundo, junto con dos Letrados de la Administración de Justicia (LAG) y una decena de funcionarios, plantilla que, como así coinciden, es del todo punto insuficiente para atender el ingente trabajo que tienen.

A ello se suma el hecho de que el Juzgado de Primera Instancia 5 carece de LAG y todas las previsiones apuntan que la situación no cambiará hasta junio, con lo que los once adscritos al resto de órganos de Primera Instancia, incluidos los del 4 y 4 BIS, se ven obligados a entrar en turnos rotatorios para suplir esa carencia en el referido juzgado, lo que ralentiza la ya de por sí enorme tarea que tienen.

"El colapso es enorme. Las juezas tienen que sacar cien sentencias al mes, pero para ello las Letradas de la Administración de Justicia tienen que registrar y tramitar esas demandas, y están sobrecargadísimas, de forma que no tienen horas al día para, al mismo tiempo, encargarse de ejecutar las sentencias", explica Mar Abril, decana del Colegio de Procuradores.

De hecho, Abril pone como ejemplo que actualmente están pendientes de incoar más de 400 demandas ejecutivas, por lo que en este momento son más de 2.200.000 euros los inmovilizados en las cuentas de consignación del juzgado sin repartir, tanto de principal como de costas. "Si esto lo trasponemos a nivel nacional, no me imagino el volumen de dinero que puede estar paralizado en las cuentas judiciales", advierte la procuradora.

Por ello, desde ambos colectivos, tanto el de abogados como el de procuradores, se hace un llamamiento al Ministerio de Justicia para que, como mínimo, se refuerce el juzgado especializado en gastos hipotecarios y cláusulas suelo con otro LAG dedicado en exclusiva a tramitar ejecuciones y repartir el dinero y, al mismo tiempo, se asigne uno a Primera Instancia 5 para que los del resto no tengan que rotarse para cubrir este servicio.

"El atasco desde 2017 es monumental. Es preciso atender bien al justiciable, y la Administración del Estado tiene que hacerse cargo de ello, no sé por qué la Administración de Justicia tiene que ser la maltratada", critica Abril, quien ha anunciado su propósito de trasladar esta situación al presidente de la Audiencia de Valladolid, Javier Carranza.

En cualquier caso, la procuradora es de la idea de que "se trata de un problema a resolver por el Ministerio de Justicia, no por el poder judicial, sobre todo porque no se puede hablar de la Justicia 2030 cuando la de 2021 está desasistida. Está muy bien tener medios digitales, pero lo verdaderamente importante es tener a gente detrás de los ordenadores para ir sacando el trabajo", sentencia.