Diez años han transcurrido desde que los vecinos de Zamora y más directamente los ciudadanos del barrio de Carrascal iniciaran gestiones en el Parlamento Europeo para que sus aguas residuales dejasen de contaminar las aguas del río Duero.

Diez años de promesas y afirmaciones desde la Confederación Hidrográfica del Duero (organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), sobre la pronta solución de la contaminación con la construcción de una depuradora, hasta el punto de firmar convenio con el Ayuntamiento de Zamora, que asumió el coste de expropiación una parcela próxima al río para ubicar esa estación.

El propio subdelegado del Gobierno en la provincia, Ángel Blanco afirmaba públicamente en octubre del pasado año, fechas próximas a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que: "se está desarrollando un nuevo proyecto que verá la luz en 2021, con un presupuesto de 258.000 euros.

Según confirma UPL, el Gobierno de España rectifica su propio criterio mantenido durante diez años y deja en papel mojado las afirmaciones del subdelegado y las actuaciones previas a esta fecha, ya que según consta en respuesta escrita, el Gobierno se desmarca de una posible asunción de responsabilidad en la construcción de la depuradora de aguas residuales del barrio de Carrascal, afirmando ahora que es competencia del Ayuntamiento de Zamora según lo establecido en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Desde UPL se espera que el Ayuntamiento de Zamora adopte una postura firme al respecto, en el sentido que considere más conveniente, pero que sea solución rápida a la depuración de las aguas del barrio zamorano, sin que transcurran otros diez años distrayendo a sus vecinos.