La defensa del funcionario del Ayuntamiento de Valladolid que está siendo juzgado por adjudicar a dedo al grupo API Movilidad contratos de señalización horizontal y vertical ha presentado testigos que aseguran que la puesta a disposición del encausado de un vehículo por parte de la adjudicataria no era algo infrecuente hace años, dentro del apartado de 'mejoras' ofertado por las mercantiles que concurrían al concurso.

El segundo día del juicio con jurado que se sigue en la Audiencia de Valladolid ha permitido al letrado de la defensa presentar media docena de testigos para contrarrestar las incriminaciones vertidas el día anterior por el extrabajador del grupo empresarial adjudicatario y denunciante de la supuesta trama, Pablo M.G, que, en la sesión de tarde celebrada el lunes, acusó al funcionario José Luis G.M. no sólo de haber disfrutado a su antojo, para uso particular, de un volkswagen Passat que API Movilidad puso a su disposición entre 2009 y 2013, sino también de haber recibido jamones en su oficina y entradas para los toros.

En el caso del referido turismo, el superior jerárquico del acusado y exjefe de Gestión del Centro de Servicios Urbanos, José María E.C, y el entonces técnico del Área de Urbanismo ahora adscrito al Área de Movilidad, Jesús B.Ll, en declaraciones recogidas por Europa Press, han coincidido al señalar que no era una práctica infrecuente que las empresas que concurrían a un concurso ofreciesen un vehículo a disposición de los técnicos municipales encargados de certificar que el contrato, bien los trabajos de señalización o de pavimentación, entre otros, se cumplían fielmente.

"¡A mí no me ha tocado!, pero en bastantes contratos, en el apartado de 'mejoras', las empresas facilitaban coche para que los técnicos pudieran hacer un seguimiento de las obras", ha explicado Jesús B.Ll, mientras que José María E.C. ha ido todavía más allá al apuntar que en su departamento tal circunstancia hubiera supuesto una gran ayuda ya que eran seis técnicos para un único vehículo municipal.

Además de contrarrestar esa supuesta dádiva o regalo que esgrimen las acusaciones respecto del delito continuado de cohecho atribuido al acusado, la defensa del empleado municipal--sólo ha reconocido haber recibido unas botellas de vino, como otros muchos empleados--también ha presentado como testigo al secretario del expediente abierto a su cliente a raíz de estos hechos que concluyó con la propuesta de dar traslado de lo actuado a la Fiscalía de Valladolid para la pertinente investigación.

Las entradas para la Champions

En dicho expediente, tal y como ha corrobarado el secretario del mismo, Antonio S.R, el acusado justificó documentalmente que unas entradas para un partido de la 'Champions' en el Santiago Bernabéu no fueron sufragadas por la mercantil adjudicataria sino con la tarjeta de su hijo, con lo que el defensor ha recriminado al testigo por no haber excluido este supuesto regalo, junto con la disposición del polémico vehículo, del escrito de denuncia remitido a la Fiscalía.

Las declaraciones de los testigos de la defensa, entre extrabajadores o empleados en activo del Ayuntamiento vallisoletano, han corroborado igualmente la versión del encausado en cuanto a que los pliegos técnicos de los contratos millonarios investigados, tanto el de 2008 como el de 2015, se elaboraban siguiendo unos criterios "tasados previamente fijados" y que los mismos pasaban luego el filtro de la Secretaría General, la Intervención y la Asesoría Jurídica, antes de llegar a la mesa de contratación, que recibía el expediente con antelación suficiente para que sus integrantes pudieran analizarlo y resolver.

Ese itinerario y esa esa dinámica en la tramitación del expediente, con presupuestos fijados también desde el Ayuntamiento, es lo que el defensor ha tratado de explicar al jurado en su intento por demostrar el nulo margen de su cliente para tramar cualquier acción en beneficio de una empresa concreta a cambio de supuestas dádivas.

Incluso uno de los testigos, Jesús B.Ll, hoy en el Área de Movilidad, ha especificado que en la época investigada, antes de la modificación de la legislación sobre contratación en 2017, era frecuente que un mismo técnico acaparara la práctica totalidad del expediente, desde la elaboración del pliego técnico y la valoración de las ofertas, hasta el seguimiento de la ejecución de los trabajos a los efectos de certificar los mismos.

En el anecdotario de la jornada figuran la lectura al jurado por parte del presidente del tribunal del artículo 419 del Código Penal, relativo al delito de cohecho, a fin de que tenga muy claro cuál es la materia objeto de la presente causa y no se dispersen, así como las alabanzas que el magistrado ha dirigido a sus integrantes por las numerosas preguntas que están realizando desde que se inicio el proceso.

"He presidido muchos jurados y algunos de ellos no participaron en nada. Estoy muy contento", ha confesado el magistrado presidente del tribunal de jurado.

El juicio continúa este miércoles con más prueba testifical de la defensa. Con carácter provisional, el funcionario municipal se expone a una condena de entre cuatro años y siete meses de carcel que pide la fiscal del caso y los tres que solicita el Ayuntamiento, en calidad de acusador particular, junto con multas de 15.000 y 6.480 euros, respectivamente, y su inhabilitación por espacio de diez años y medio, además de la responsabilidad civil a concretar.