El sindicato UGT ha informado de que en la tramitación del Proyecto de Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de CYL (PL-GSRC.CYL) se ha retirado a los celadores del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medioambiente la condición de agentes de la autoridad en el desarrollo de sus labores, condición que tenían reconocida en la normativa que se pretende modificar y en las actuales leyes autonómicas de Patrimonio Natural y de Pesca.

Según las manifestaciones del Secretario de Administración de Autonómica de la FeSP UGT Castilla y León, Julio César Martín Nevado, “este cambio normativo vacía de contenido real el trabajo de este colectivo y supone además un incumplimiento del vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Castilla y León, porque el desarrollo de las funciones encomendadas en el convenio requieren que tengan capacidad para la denuncia de las

infracciones detectadas”.

Para Martín Nevado “después de decenas de años de gobierno del mismo color político, resulta

inadmisible esta falta de planificación de sus recursos humanos, que deja a los celadores en el

completo abandono durante el desarrollo de sus funciones. Nuevamente la incapacidad de la

Junta la pagan sus trabajadores, en este caso los celadores medioambientales”.

Las limitaciones alegadas por la Junta para este cambio, "no son cambios normativos recientes y la

Junta ha tenido tiempo para regularizar estas deficiencias organizativas. Además, ninguna de las

acciones correctoras que se han propuesto a la Junta han sido tenidas en cuenta", señalan. 

UGT subraya que la Junta siempre ha defendido que la normativa autonómica, a través de la habilitación legal existente (entre ellas, la que ahora se pretende eliminar), reconocía a los celadores

medioambientales su capacidad para el ejercicio de funciones de autoridad. Esta capacidad es

única y exclusivamente para el ejercicio de las funciones de vigilancia que las Leyes les

encomendaban, estando el resto de la tramitación del procedimiento sancionador en manos del

personal funcionario.

La Junta, con este argumento, "ha bloqueado todos los intentos de regularización que evitarían,

precidamente, la situación a la que la Junta está llevando a estos empleados públicos". Sin embargo, "de repente se produce un cambio en la argumentación desde la Consejería de Fomento y Medioambiente sin prever las nefastas consecuencias que tendrá para el personal implicado y en último extremo para las funciones de protección de la flota, fauna y patrimonio natural que tienen encomendadas", apunta el sindicato. 

El secretario de Administración de Autonómica de FeSP-UGTCyL, Julio César Martín Nevado, ha manifestado “la oposición del sindicato a esta brusca modificación normativa, que implica un cambio radical en los medios de control de la actividad de la caza, tanto humanos como procedimentales”.