La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha mantenido este lunes una reunión con el presidente regional de Cermi, Juan Pérez, para evaluar el contenido del anteproyecto de ley de garantías de atención a las personas con discapacidad, expuesto ya en Gobierno Abierto para que se puedan incorporar sugerencias.

En su redacción se ha contado desde el primer momento con la colaboración del CERMI Castilla y León que ha participado trasladando las principales preocupaciones de las entidades, familias y personas con discapacidad nuestra Comunidad.

Con este texto se pretende sobre todo el que las personas puedan participar y decidir sobre su propia vida, fomentado la autodeterminación, para lo que su vez se establece un servicio de apoyo de carácter técnico, así como ante transiciones vitales profundas y situaciones de prioridad social.

Una de estas situaciones es el fallecimiento de los padres o su imposibilidad para seguir cuidando, para lo que contempla el acceso "prioritario" de las personas con discapacidad a las servicios en esas circunstancias garantizando así a sus padres que sus hijos seguirán atendidos en la medida que lo precisen cuando les sobrevivan.

La Ley incluye medidas para apoyar a las personas en las transiciones a lo largo de la vida en los momentos fundamentales como en la infancia, a través de acciones encaminadas a fomentar la coordinación interadministrativa para promover la autonomía desde edades tempranas de los menores y poner en valor la labor que realizan las familias.

Asimismo, en el tránsito desde el sistema educativo al sistema de servicios sociales y al empleo, mediante programas dirigidos a la emancipación de las personas con discapacidad, con medidas como itinerarios personalizados de empleo, el impulso de la colaboración de las entidades de la discapacidad como generadoras de empleo o la promoción del empleo público desde las administraciones.

Y en el tránsito al envejecimiento activo como una realidad que precisaba revisión en el ámbito de la discapacidad, ya que cada vez son más las personas con discapacidad que alcanzan edades elevadas y que se jubilan, lo que hacía necesario un ajuste de los programas de envejecimiento activo para facilitar el acceso de estas personas.

Además se contempla el asesoramiento personalizado para abordar la jubilación tanto a las personas con discapacidad como a sus familias.

Asimismo, en el texto se completan otras actuaciones dirigidas a promover la ética en la atención, la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y del maltrato y el fomento de las nuevas tecnologías entre las personas con discapacidad para permitir su mayor integración y contacto, más en las circunstancias en las que nos encontramos.