A su juicio, la FEMP es el "brazo político" de Pedro Sánchez porque "teledirige" las decisiones de las entidades locales sin consenso ni debate con ellas como el reciente acuerdo para "prestar" los remanentes de tesorería de los ayuntamientos al Gobierno central.

Este acuerdo, "firmado por el presidente socialista de la FEMP, es injusto, insolidario, y funciona como un chantaje a los municipios", ha argumentado Vox, que entiende que quienes no entreguen los remanentes de tesorería municipales quedarán al margen del reparto de las ayudas y transferencias y además, "impone la agenda ideológica del consenso progre a todos los municipios por la puerta de atrás (emergencia climática, agenda urbana, programación cultural, etcétera)".

Asimismo, afirma que se ha convertido en un "chiringuito" administrativo para la colocación de personal de los partidos, creando una "estructura elefantiásica muy lejos de lo que debería ser una asociación de utilidad pública austera de gestión responsable y eficaz".

A este respecto, señala que con una plantilla de 116 personas en 2018 y retribuciones como las de su secretario general (90.000 euros) o su director general (75.000 euros), y con decenas de políticos en los órganos de dirección, se ha constituido "como un núcleo de poder paralelo a los municipios".

Así, en su petición señala que limita la autonomía de las entidades locales suplantando además las funciones que le corresponde desempañar a las diputaciones.

Por todo ello, el Grupo pide que se inicien los trámites para la revocación de la adhesión a la FEMP para la salida de la asociación por acuerdo de la Corporación vallisoletana y solicita instar al Gobierno central a la modificación del artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que, temporalmente, además de la amortización de deuda municipal se permitan otros posibles destinos, por ejemplo, para paliar las consecuencias derivadas de la negligente gestión de la pandemia COVID-19, reducir los tributos municipales, compensar las pérdidas del ejercicio 2020 y posteriores, y otras que se definan, permaneciendo siempre el dinero del Ayuntamiento en el mismo.

Finalmente, se quiere instar al Ejecutivo a modificar también la legislación vigente como Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para atribuir a las diputaciones provinciales de atribuciones para la completa asistencia a los ayuntamientos que lo precisen, incluyendo la dotación financiera y evitando duplicidades, vacíos o confusión competencial con las autonomías y, "en definitiva, priorizar el servicio público y el interés general".