Viajeros del AVE en Sanabria

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Zamora

UPL considera "inaceptable" la respuesta de Transportes sobre el AVE en Sanabria: "El servicio público no es un negocio"

La formación leonesista ha asegurado que evidencia "una política de desmantelamiento de los servicios públicos, en la que se antepone el rédito económico a las necesidades de los ciudadanos".

Más información: Un intento judicial más de retornar las paradas del AVE de Sanabria: colectivos zamoranos recurren la desestimación de su denuncia

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La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha emitido este viernes una contundente crítica a la respuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre la supresión de paradas y modificación de horarios de los trenes de Alta Velocidad en la estación de Sanabria.

La formación leonesista considera "inaceptable" la contestación recibida, al entender que evidencia "una política de desmantelamiento progresivo de los servicios públicos, en la que se antepone el rédito económico a las necesidades reales de los ciudadanos".

La respuesta ministerial, fechada el 15 de julio de 2025 y canalizada a través del Centro de Atención Posventa del Ministerio, fue remitida a UPL tras su requerimiento de explicaciones formales sobre las recientes modificaciones.

En ella, el Ministerio deriva la responsabilidad a Renfe, lo que UPL interpreta como una muestra más de la "mercantilización" del transporte público ferroviario y de la "falta de compromiso" con la España despoblada.

Para UPL, el tren "no puede ser tratado como un negocio, sino como un servicio público esencial, especialmente en territorios como Sanabria y Zamora, donde el transporte no es un lujo, sino una necesidad básica".

Un servicio público

La formación denuncia como inadmisible que, tras expropiar terrenos a particulares "por el bien común" para construir la infraestructura del AVE, ahora se le niegue a esa misma población el derecho a utilizar el servicio.

En su respuesta, el Ministerio —a través de Renfe Viajeros— justifica la decisión argumentando que los servicios comerciales (AVE, Avlo y Larga Distancia) funcionan sin subvención estatal y deben ser económicamente sostenibles, por lo que están sometidos a "estrictos criterios de eficacia y eficiencia económica".

Una justificación que UPL rechaza de forma rotunda, ya que recuerda que Renfe es compensada con fondos públicos por las líneas deficitarias de Obligación de Servicio Público (OSP), aunque dicha financiación "no se traduce en un mayor compromiso con los usuarios".

"La rentabilidad económica no puede ser el único criterio de acción para una empresa pública", insisten desde UPL. "¿Acaso dejaríamos sin Guardia Civil una carretera por no generar suficientes multas?", ironiza la formación. "Si Renfe no quiere operar como servicio público, que el Ministerio sea sincero y reconozca que se encamina hacia una privatización encubierta."

UPL considera que el Gobierno "prioriza lo que puede ser privatizado" antes que defender lo que debe seguir siendo público, como es el caso del transporte ferroviario en el mundo rural. "Es una política injusta, que favorece a unos pocos —los grandes nodos urbanos— y castiga a comarcas enteras como Sanabria, condenadas al aislamiento", denuncia la formación.

Consecuencias

"La eliminación de paradas del AVE ya ha tenido graves consecuencias: profesionales sanitarios y docentes han renunciado a sus puestos en Sanabria por la falta de transporte, lo que pone en riesgo la prestación de servicios esenciales y limita el acceso de la población a consultas médicas en la capital", señala el partido.

UPL denuncia que estas políticas "acentúan aún más el abandono de las zonas despobladas". "En lugar de redistribuir la riqueza o garantizar igualdad territorial, el Gobierno opta por recortar donde más se necesita. El servicio público debe prevalecer siempre sobre el interés comercial. Si la empresa privada no llega, es precisamente donde el Estado debe estar con más fuerza", afirma.

Finalmente, desde UPL se hace un llamamiento firme al Gobierno y a Renfe para que "asuman su responsabilidad social" y "reviertan de inmediato estas decisiones, garantizando la movilidad, la equidad territorial y el derecho al acceso a servicios básicos para todos los ciudadanos, vivan donde vivan".