El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado en Zamora que el conocido como Plan Aliste no se va a aplicar finalmente, sino que se sustituirá por una ley que "blindará" la atención sanitaria a las personas que viven en el medio rural de Castilla y León. Todo ello contando con las aportaciones de los profesionales sanitarios a través de sus delegados sindicales, alcaldes, presidentes de diputaciones y responsables del resto de entidades locales. 

Mañueco se ha comprometido a desechar este polémico plan piloto, que venía de la mano de la exconsejera de Sanidad, Verónica Casado y que tantos quebraderos de cabeza y protestas generó. El presidente de la Junta ha asegurado que esta propuesta se cambiará por una ley de obligado cumplimiento que buscará "el mayor consenso" posible para encontrar la mejor solución para cada zona de salud. El objetivo de la Junta será "garantizar más recursos humanos, materiales y de transporte sanitario de urgencia en los pueblos de la Comunidad".

Así lo ha afirmado Fernández Mañueco antes de mantener una reunión en Zamora con los representantes del Tercer Sector, con los que se mantienen fuertes lazos de colaboración que contribuyen a que los Servicios Sociales de Castilla y León estén a la vanguardia de España.

El presidente ha destacado que la Junta de Castilla y León considera prioritaria la atención a los más vulnerables y la labor que en este sentido realizan las entidades del Tercer Sector, por lo que se van a aprovechar los fondos europeos que llegarán a la Comunidad también con dichas entidades, que participarán en la gestión de 48 proyectos por importe de 15,7 millones.

Un sistema de Servicios Sociales de alta calidad

Fernández Mañueco ha anunciado su intención de intensificar el diálogo y la colaboración con el Tercer Sector Social para ampliar y reforzar aún más la calidad del sistema de Servicios Sociales de la Comunidad, que es referente en España. Así se lo ha trasladado esta mañana el jefe del Ejecutivo autonómico en la que ha sido la primera reunión tras la adhesión a la organización de las plataformas de Organizaciones de la Infancia, POI, y del Voluntariado. Entidades que se han sumado por lo tanto, a la lista de las cinco fundacionales: CERMI, Cáritas Diocesana, Cruz Roja, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, EAPN, y la ONCE.

Mañueco ha recordado que los Servicios Sociales de Castilla y León se encuentran a la vanguardia de España, un mérito del que ha hecho partícipes a las asociaciones del Tercer Sector que, junto a familiares, voluntarios y trabajadores, ha dicho constituyen el ADN del sistema y han contribuido decisivamente a levantar ese pilar tan esencial para la sociedad como es la solidaridad.

Más de 4.000 entidades complementan el sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública y dan forma a esa red de apoyo y protección a los más vulnerables, mediante la prestación de más de 5.000 servicios caracterizados por su profesionalidad, cercanía, calidad e innovación.

Proyectos de innovación para modernizar el sistema

En el transcurso de la reunión, el presidente Mañueco –que ha estado acompañado por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco– ha hecho hincapié en la importancia de contar con la experiencia y el conocimiento que aporta el Tercer Sector para seguir modernizando el sistema de Servicios Sociales.

De ahí que Castilla y León haya sido la única autonomía en reservar un porcentaje de los fondos europeos para el Tercer Sector que va a recibir con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la ejecución de proyectos conjuntos innovadores con las entidades y asociaciones que lo conforman. Un total de 15,7 millones de euros, que permitirán abordar 48 iniciativas de digitalización e innovación social y con los que se reconoce la experiencia e importante labor de estas entidades en el área social.