El Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón al Ayuntamiento y condenado a Iridium, aumentando la cantidad a pagar a las arcas municipales. El Tribunal ha estimado la cantidad final que tendrá que pagar la mercantil en 2.195.646 de euros, además de la condena en costas. Contra esta Sentencia solo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. 

El Juzgado de Zamora de lo Contencioso-Administrativo dirimió el pleito de la liquidación de las obras de los aparcamientos de San Martín y Constitución condenando a la antigua concesionaria a pagar 1.695.496 euros al Ayuntamiento, cantidad que ahora se eleva en medio millón de euros más. Un pleito en el que la diferencia de cifras era totalmente dispar, y en el que, como se recordará, Iridium reclamaba al Ayuntamiento más de 20 millones de euros. Una circunstancia con la que se encontró el equipo de gobierno recién estrenado en junio de 2015 como herencia del mandato anterior. 

Una vez que el Ayuntamiento licitó la gestión de los citados aparcamientos a una nueva concesionaria en 2018, el equipo de gobierno se puso a trabajar con la asesoría jurídica municipal y se encargaron estudios económicos al respecto para cuantificar la liquidación que le correspondía a Iridium. Dichos estudios reflejaron una tasación final de 2.500.000 de euros a favor del Ayuntamiento frente a los más de 20 millones reclamados por la empresa. 

La nueva sentencia del TSJ refleja la buena gestión realizada por el equipo de gobierno a la hora de defender los intereses municipales, en un asunto que ha resultado muy favorable para las arcas públicas y que podía haber sido totalmente ruinoso para la ciudad en el caso de haber prosperado la reclamación de Iridium, a la vez que ha agradecido el buen trabajo realizado por la asesoría jurídica del Ayuntamiento y de la empresa encargada de realizar los estudios económicos. 

Cronología

Los aparcamientos subterráneos de San Martín y la plaza de la Constitución terminaron de construirse en 2001 y 2002, a cargo de la empresa Urbaser con una concesión administrativa para su explotación durante 33 años. 

El contrato fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2004, a raíz de una demanda presentada por una de las empresas concursantes que se consideró perjudicada. Tras los recursos pertinentes el contrato queda definitivamente anulado por el TSJ en 2006, a consecuencia de lo cual el Pleno acuerda encargar a la empresa que continúe con la explotación del servicio (ORA y aparcamientos) hasta que se ejecute la sentencia y se realice la nueva adjudicación del servicio, a lo que inicialmente el entonces equipo de gobierno del Partido Popular se compromete a licitar inmediatamente, cosa que no hizo. Es más, como se recordará el Grupo Municipal del PP llevó al TARCyL los pliegos elaborados por el equipo de IU y PSOE y retrasó casi dos años la adjudicación. 

Cierre de asuntos anteriores 

El equipo de gobierno va cerrando de esta manera los temas judiciales que dejaron pendientes anteriores equipos del PP. Como han sido, además de este, el caso de Valorio en el que se condenó al Ministerio de Hacienda al reembolso de 350.000 euros más intereses; el caso del Centro Deportivo de Vista Alegre' que pedían al Ayuntamiento 2.200.000 euros, con Sentencia favorable quedándose el Ayuntamiento con la parcela, la fianza y la construcción del interior; el caso del Aparcamiento de Reyes Católicos que pedían al Ayuntamiento 25 millones y acabó en cero, etc.