Castilla y León

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Zamora

Las diputaciones proponen la gestión directa por parte de las provincias de los fondos contra la despoblación

15 diciembre, 2020 17:18

La participación directa de las diputaciones en la gestión de los fondos europeos de desarrollo y contra la despoblación, o a través de consorcios o de forma delegada, así como la vinculación administrativa de las oficinas contra la despoblación a las administraciones provinciales son dos de las recomendaciones de la Mesa Técnica Nacional de Diputaciones en su reunión final de esta mañana.

Precisamente, Francisco Requejo, presidente de la Diputación de Zamora que ha actuado como coordinador de esta Mesa Nacional de Diputaciones, fue el encargado de clausurarla de forma telemática tras conocerse las principales recomendaciones y propuestas incluidas en el documento final. En la Mesa han participado representantes de prácticamente todas las diputaciones de España.

Francisco Requejo anunció que estas recomendaciones serán recopiladas en un informe que será elevado “a la Vicepresidencia de Transición Ecológica, Secretaría General para el Reto Demográfico, Comunidades Autónomas y FEMP”. Dado el carácter técnico de estas reuniones de trabajo, el presidente de la Diputación de Zamora recalcó la necesidad de que ahora se pase al nivel político “y consigamos una clara transferencia de estas propuestas a los Programas Operativos y demás herramientas financieras que el Estado Español deberá instrumentalizar para este periodo de programación 2021-2027”.

Remitir documento a la Secretaría para el reto Demográfico


En este sentido, en el propio documento se propone que éste sea elevado a la Junta de Gobierno y al Pleno de cada una de las diputaciones participantes para, tras su consideración política, ser remitido formalmente a la Secretaría General para el Reto Demográfico, a las respectivas comunidades autónomas y a la FEMP.

Entre las recomendaciones más notables están la aprobación de un Plan Nacional de Carácter Interprovincial Contra el Reto Demográfico y, como decimos, la gestión delegada a las diputaciones de parte de los programas operativos autonómicos.

De igual modo, se propone la gestión general conjunta de dichos fondos por medio de consorcios u otros mecanismos de puesta en común de recursos de gestión entre varias diputaciones. Finalmente, se propone también la asignación directa de parte de esos fondos a las diputaciones, para su ejecución individual o conjuntamente, pero sin tener que optar a través de la concurrencia competitiva.

Oficinas de Lucha Contra la Despoblación


Respecto al anuncio realizado en las Directrices Contra el Reto Demográfico aprobadas por el Gobierno de creación de distintas Oficinas de Lucha Contra la Despoblación financiadas con fondos europeos, la Mesa ha concluido que deberían apoyarse en las estructuras administrativas de las propias diputaciones provinciales ya que “este tipo de oficinas no sobreviven más allá de la subvención inicial para su funcionamiento”.

Finalmente, otra de las recomendaciones que se recogen en este documento es la de reforzar los recursos humanos especializados con que cuentan las diputaciones con el fin de disponer de estructuras administrativas capaces y suficientes.

Fondos que priorizan las zonas despobladas


Para llegar a estas recomendaciones, los técnicos participantes, en representación de todas las diputaciones nacionales, han analizado las experiencias de las administraciones en la gestión de fondos, estando las diputaciones en niveles superiores a otras administraciones.

También han sido tenidas en cuenta, de la mano de Serafín Pazos, como coordinador técnico de la Mesa, las nuevas pautas contempladas en los acuerdos de la Unión Europea para el Fondo Europeo de Desarrollo (FEDER) y el nuevo Reglamento de la UE para el período 2021-2017.

En este sentido, han sido definidas por vez primera las provincias, comarcas y ayuntamientos como unidades territoriales a tener en cuenta en la lucha contra la despoblación; en concreto, se priorizarán fondos estructurales para aquellas que cuenten con una densidad de población de 12,5 habitantes por km2. o un descenso poblacional de media de más de 1% en el período 2007-2017.