Quiñones afea al Gobierno su "política de unilateralidad" en el nuevo plan estatal de vivienda: "No es aceptable que impongan"

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha mostrado este martes su completa oposición al borrador del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para el nuevo plan estatal de vivienda 2026-2030.

Antes de participar en el I Congreso sobre 'El derecho a la vivienda como derecho fundamental' organizado en el Museo Patio Herreriano de Valladolid, el consejero ha resaltado la intención de la cartera dirigida por Isabel García de "hacer política de vivienda cuando no tienen competencias" mediante "condicionamientos a las comunidades autónomas que no vamos a aceptar".

Además, ha lamentado la "política de unilateralidad muy común" por parte del Gobierno de España después de que se haya puesto "encima de la mesa un plan con un borrador en el que no hemos trabajado y que además pretenden que aleguemos en unos escasos días".

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En este sentido, dos días antes de la celebración de la Conferencia Sectorial de Vivienda, prevista para este jueves para abordar el nuevo plan estatal, Suárez-Quiñones ha denunciado que "no sabemos nada" del borrador y que no se ha contado con las comunidades autónomas a pesar de que son las "competentes, las gestoras y las que ponemos presupuestos".

Precisamente, ha resaltado que "quizás habría que haber contado con las comunidades autónomas" y sus propuestas, para alcanzar así acuerdos y más después de que la ministra de Vivienda "siempre tiene buenas palabras respecto hay que consensuar". "Pero luego se materializa en todo lo contrario", ha subrayado.

Para el consejero de Vivienda de Castilla y León, en el borrador existen "aspectos que no son aceptables", como es el hecho de que "impongan" a las comunidades autónomas la financiación que tienen que aportar. "Será algo que tenemos que tratar de forma multilateral o bilateral, pero no darnos impuesta una participación", ha insistido.

En esta línea, ha explicado que el Gobierno de España no tiene competencias en viviendas más allá de una "genérica de planificación de la política económica". "Y en base a eso hace política de vivienda", ha criticado.

De la misma manera, ha cargado contra el hacer del Gobierno que "condiciona determinadas líneas de financiación estatal a que pongamos en marcha medidas que no estamos de acuerdo como las zonas tensionadas o las limitaciones de estas".

"Donde se han aplicado, por ejemplo, en Cataluña, la consecuencia es que si en 2023 se pusieron 150.000 viviendas en el mercado de alquiler, en el 2024 han sido 110.000 y este año 100.000. Por tanto, ha habido una retracción del mercado de alquiler", ha explicado.

La existencia de menos mercado de alquiler en estas zonas radica en que se provoca "un temor a los propietarios cuando hay limitaciones en los precios y los mercados".

También se ha referido a un aumento de los precios, que en el primer trimestre de este año han crecido un 5,4%, pasando Baleares la zona más cara "a la propia Cataluña y Barcelona".

Todo ello es, a juicio de Quiñones, "un fracaso" de las políticas del mercado tensionado y limitaciones y ha destacado que "lo han sido en Europa durante muchos años y lo están siendo".

Mientras, además, el Gobierno de España "condiciona determinadas líneas de financiación a que aceptemos o pongamos en marcha estas medidas". "No podemos aceptar que nos condicionen nuestras políticas, nuestra forma y presupuesto a la políticas que ellos quieren", ha zanjado.

"El tema que más preocupa"

Las críticas de Quiñones al Ministerio de Isabel Rodríguez se han producido justo antes de participar en la inauguración de un congreso que aborda el derecho fundamental a la vivienda. Unas jornadas que se celebrarán este martes y miércoles y en las que se va abordar "el tema que más preocupa a la sociedad ahora mismo".

En la inauguración, además de Quiñones, han participado también el juez decano de Valladolid como organizador, Alberto Mata, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la presidenta de la sección territorial de Castilla y León de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Ángeles Palmero.

Jornadas que han estado también organizadas por la magistrada del Juzgado Mercantil número 2 de Valladolid, Alba María Pérez-Bustos Manzaneque. En la previa a la inauguración, Quiñones ha ensalzado la "especial acción" que impulsa la Junta en esta materia.

Algo que se traduce en las actuaciones en vivienda, "probablemente, más completas en el panorama nacional". "Tenemos un esfuerzo de más de 900 millones, donde el 37% está financiado con fondos europeos, el 57% por la Junta, el 12% de fondos estatales y la colaboración de las diputaciones".

Por otro lado, Ana del Ser, durante su intervención, ha optado por centrarse en una "dimensión europea" en un "momento especialmente crítico para este debate jurídico, político y social de la vivienda".

Para la magistrada del TSJCyL, son "tantos los factores" los que han intervenido para llegar a la situación actual como la "especulación, la turistificación, la carencia de vivienda asequible y la creciente desigualdad".

Asimismo, ha mostrado su coincidencia en la reivindicación que la presidenta de la Unión Europea, Úrsula Von der Leyen, espetó para reclamar que "toda la sociedad, legisladores y partes implicadas se junten" a este respecto para buscar soluciones "al problema del precio de la vivienda".

Igualmente, Del Ser ha resaltado que la "vivienda no es un bien de mercado, sino que es un derecho reconocido en la Constitución y en el convenio de los Derechos Humanos". También ha destacado que, en cualquier caso, "es necesario conciliar el derecho a la vivienda y a la propiedad privada", reconociendo que es uno de los retos a los que se enfrentan desde los órganos judiciales.

"Como juristas tenemos la responsabilidad de garantizar que el derecho a la vivienda no se convierta en una promesa vacía sino en una realidad tangible para todos los ciudadanos", ha zanjado seguidamente.

"Reducir carga impositiva"

Por otro lado, Jesús Julio Carnero ha abogado por abordar la cuestión desde una perspectiva "poliédrica" y en concreto en materia impositiva. En este sentido, ha explicado que comprar o vender supone una carga impositiva del 30% en impuestos estatales, autonómicos y municipales.

"Si reducimos el impacto impositivo en el porcentaje que ustedes quieran, habremos reducido el problema de esa casación de oferta y demanda de la vivienda en ese porcentaje", ha reivindicado.

No obstante, ha aclarado que él ha mantenido dicha plusvalía en el Ayuntamiento de Valladolid tal y como se la encontró en 2023 y que no la va a cambiar si no se afronta "de forma poliédrica la solución de este problema".

Eso sí, ha subrayado que "no puede ser que una persona que vaya a vender su vivienda tenga que pagar la retahíla de impuestos, la plusvalía municipal y la del IRPF".

"Desde el punto de vista de lo público no estamos siendo sinceros, o mejor dicho, estamos siendo muy hipócritas. Tendremos que priorizar como atendemos este problema desde este punto de vista", ha reconocido en última instancia.