David, abogado en Valladolid, tajante sobre el turno de oficio: "Llevo 18 años con un caso y no he recibido más de 900 euros"

"Llevo 18 años con un caso y no he recibido más de 900 euros". Esta es la cruda realidad que acompaña a David Lázaro, un abogado con tres décadas de trayectoria que desarrolla su actividad en la ciudad de Valladolid, y otros muchos compañeros que trabajan en el turno de oficio.

Un servicio que proporciona asistencia legal gratuita a todos aquellos a los que su situación económica no les permite pagar un abogado privado.

Él es uno de los tantos que lo hacen posible y también trabaja de manera privada en un despacho particular que comparte con otros tres abogados autónomos.

Porque, tal y como ha confesado en declaraciones a este periódico, actualmente es "imposible" vivir solo del turno de oficio por la "precariedad" que existe en este servicio, dependiente del Ministerio de Justicia.

En este sentido, David, delegado del Sindicato de Abogados y Procuradores de Valladolid Venia, denuncia que en España los honorarios del turno de oficio "no llegan ni al 10%" de los precios que se manejan en el mercado actual.

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Así, revela que actualmente estos se sitúan en 154 euros por procedimiento y, concretamente, en 290 por procedimiento penal.

Esto, "cuando en lo privado se están cobrando unos 3.000 euros" y cuando en otros países como Portugal "se paga una media de 995 euros", en Francia unos 1.800 y en los países escandinavos 3.000". "Hay una diferencia abismal y nosotros estamos a la cola", critica.

Y no solo eso, pues los abogados de oficio "no cotizamos, no tenemos derecho a baja ni a vacaciones y no podemos dejar un caso sin que el Colegio te lo apruebe, que únicamente suele ser cuando ha pasado algo grave o cuando alguien deja la abogacía".

Además, el abogado señala como otro de los principales "problemas" de la profesión el hecho de que "muchas de las cosas que hacemos a lo largo de un procedimiento no están incluidas en el baremo y, por tanto, no se pagan".

Por ejemplo, los recursos de reforma o de reposición, la primera asistencia a comisaría o la solicitud de justicia gratuita para el defendido, señala.

"No tenemos ningún tipo de derecho laboral porque el ministerio nos considera trabajadores autónomos, pero solo para lo que le interesa, cuando al final lo que desempeñamos es un servicio público", afirma.

"Gratitud" VS "interés"

Profesionalmente y pese a que sí que supone "un fijo y una garantía económica", a él no le compensa en absoluto ejercer esta actividad.

Sin embargo, a nivel personal le "estimula" y le produce "mucha gratitud". Precisamente, la razón por la que continúa haciéndolo.

"Al principio te apuntas para aprender, llevar casos y conocer cómo funciona el sistema, pero después pasa a ser una pieza importante de tu carrera profesional".

"Además, yo, en mi caso, aunque económicamente no me sale rentable, siento que si no estoy en el turno de oficio es como que soy menos abogado, porque en él veo casos que probablemente si no estuviera nunca vería. Es como un gusanillo que te hace seguir", explica.

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El problema está, según David, en que "el Ministerio de Justicia nos impone unas normas muy estrictas para algunas cosas, pero luego, por ejemplo, para pagar se las saltan".

En este sentido, el abogado denuncia que "pagan cuando les da la gana". Tanto es así, que él, en su caso, ha llegado a vivir retrasos de "entre cinco y seis meses".

Esto, cuando la propia ley establece que los honorarios se pagarán a los 30 días, aunque no a contar desde el inicio del trabajo, sino desde la fecha en la que al defendido le conceden la justicia gratuita. Un periodo que, según ha comentado, se puede llegar a alargar hasta tres meses.

"Yo no tengo problema en cumplir como si fuera un empresario, pero es que somos autónomos para lo que les interesa, pero para lo que no, no, y en esa lucha estamos", apunta.

Reivindicaciones

Con todo ello, David, al igual que sus compañeros del turno de oficio y en representación del sindicato en el que ejerce como delegado, reclama "un estatuto jurídico laboral del profesional del turno de oficio" y que se reconozca "que tenemos una relación laboral con el ministerio y que, por tanto, desempeñamos un servicio público".

A todo ello añade "mejoras en lo referente a la cotización y los permisos, el reconocimiento de todas las actuaciones realizadas, puntualidad en los pagos y la actualización de las retribuciones conforme a los precios del mercado".

Porque, según explica, desde 1996 se han hecho "dos o tres" actualizaciones y, aunque la última "se hizo el año pasado, nos subieron un 8% de una miseria". "Estamos hablando de nueve euros y en algunos casos, en función del procedimiento, incluso de céntimos", revela indignado.

"Va a ir a peor"

David desea que la cosa cambie pronto. Sin embargo, ya no le quedan esperanzas. "Ha ido a peor y va a ir a peor", confiesa.

Y es que, llevan desde noviembre de 2023 con una huelga convocada "y no nos han concedido ni una sola reunión, nos ignoran y es muy frustrante", afirma.

En este sentido, aclara que el ministerio está en contacto permanente con los colegios de abogados, pero, teniendo en cuenta que estos conforman corporaciones de derecho público, al final es como hablar "con ellos mismos".

"Los colegios quieren defender a los abogados, pero no pueden porque tienen que cumplir lo que les dice el ministerio", explica.

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Por ello, él lo que critica es que el Gobierno no acceda a sentarse a negociar con los sindicatos, los que verdaderamente pueden luchar por mejorar las condiciones laborales de los profesionales adscritos al turno de oficio.

De hecho, "ni siquiera los reconocen como tal y nos niegan la huelga porque nos dicen que no tenemos derecho a ella".

"Este mismo sábado me notificaron una propuesta de sanción por parte del Colegio de Valladolid por hacer huelga de 16 días sin poder ejercer y seis meses sin turno de oficio", revela.

Numerosas cuestiones que los abogados del turno de oficio llevan años intentando revertir y que, lejos de mejorar, hace que "todo esté en contra".

Sea como fuere, no contemplan tirar la toalla, sino seguir luchando por "dignificar" un trabajo "muy necesario" para la sociedad y también "muy gratificante" para el abogado de vocación.