Javier Carranza, presidente de la Audiencia de Valladolid: "La 'ley Bolaños' es un disparo a la independencia judicial"

El palentino abre las puertas de su despacho a EL ESPAÑOL de Castilla y León en unos tiempos convulsos y en los que la labor de los jueces y fiscales ha sido puesta por muchos en tela de juicio.

Los jueces y fiscales de Castilla y León irán a la huelga el 1 de julio si Bolaños no retira la reforma de la carrera judicial

Ello ha hecho que diferentes asociaciones hayan convocado para este sábado, 28 de junio, una concentración frente al Tribunal Supremo y, en principio, huelga para el 1,2 y 3 de julio por la ‘ley Bolaños’.

Hablamos con él de este asunto, de los presuntos casos de corrupción que hemos conocido en los últimos días, de la Ciudad de la Justicia y de muchas cosas más en esta entrevista.

P.- ¿Cómo está viendo la investigación de la UCO al PSOE tras las últimas informaciones?

R.- La investigación la lleva a cabo la Guardia Civil en funciones de Policía Judicial bajo la dirección de un juez instructor y no tengo mucho que decir. La UCO está cumpliendo con su función como hace siempre, de manera impecable. Las reglas del juego son esas. El poder judicial investiga posibles delitos.

P.- ¿Cree que nos estamos precipitando a la hora de tomar parte o que hay que esperar a que se cierre la instrucción y después un juez dirá?

R.- Van trascendiendo informaciones y datos, pero, realmente, el momento decisivo es cuando se dicte una sentencia, si esto se llega a producir. Estamos todavía en una fase de investigación, después se pasará a una de enjuiciamiento y más tarde llegará la sentencia. Hasta ese momento, los hechos no son hechos probados sino indicios racionales de criminalidad. No deben hacerse juicios paralelos. La opinión pública habla, pero desde el punto de vista institucional, no existe una sentencia firme de condena. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

P.- Indicios parece que hay en el conocido como ‘Caso Koldo’.

R.- Yo no los conozco porque no llevo la causa. Por lo que ha trascendido y por las resoluciones del juez instructor, parece. Hablando del ‘Caso Koldo’ lo que hay es una investigación y las resoluciones que se van produciendo indican que el juez instructor, que es un magistrado del Tribunal Supremo, está apreciando indicios racionales de criminalidad en estos hechos. Por eso la investigación sigue adelante.

Javier Carranza durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

P.- Cómo vio que el presidente del Gobierno se querellara contra el juez Peinado por la causa de Begoña Gómez, aunque finalmente se inadmitiera. Es chocante.

R.- No es lo habitual que una institución se querelle contra otra. Tampoco que un presidente del Gobierno se querelle contra un juez instructor. Hay que estar a las reglas del estado de derecho que determinan que quién decide si sale adelante o no una querella es otro tribunal diferente. Ese tribunal decidió no admitir a trámite la querella porque no vio razones fundamentales para iniciar el procedimiento penal.

P.- Y el caso del hermano de Pedro Sánchez, que vaya a juicio por tráfico de influencias y prevaricación. Todo esto hace un daño enorme a nuestro país. ¿Está de acuerdo?

R.- Por ahora lo único que hay son indicios racionales de criminalidad. No hay sentencia de condena y todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso debemos entenderlo. No hacer juicios paralelos ni llegar a conclusiones precipitadas. En la hipótesis de que fuese así, de que resultase condenado, evidentemente estamos ante una cuestión mediática porque es el hermano del presidente. Esto tiene una transcendencia mucho mayor que cualquier otro tipo de delito. Insisto en que hay que esperar hasta el final.

P.- Luego están las responsabilidades políticas…

R.- Efectivamente. Cuestión distinta es la responsabilidad política sobre la que no me pronuncio porque no es mi función. Allá los partidos políticos, el Parlamento y el Ejecutivo sobre sus decisiones políticas a la vista de que hay personas que están siendo investigadas o imputadas en determinados casos. Eso es responsabilidad política. Puramente política.

P.- En las últimas horas, el juez Peinado ha pedido al Tribunal Supremo imputar a Félix Bolaños por malversación y falso testimonio.

R.- Poco puedo decir. Hay un juez que en el curso de una investigación ha decidido que una de las personas que actuaron como testigo, en este caso el ministro de Justicia pudiera estar incluido en alguna responsabilidad de este tipo. Los tribunales rechazarán o admitirán esa petición.

Javier Carranza, presidente de la Audiencia de Valladolid: "La separación de poderes está en grave riesgo"

P.- Otro de los casos de plena actualidad es el del fiscal general, Álvaro Ortiz. ¿Cree que debería haber dimitido?

R.- Voy a dar mi opinión como profesional del Derecho. En un caso como este habría sido conveniente la dimisión del fiscal general porque es una situación muy anómala. Está siendo investigado ante un juez y ante un fiscal, que es subordinado del fiscal general. Tal vez hubiera sido muy conveniente esta dimisión para separar las cuestiones. Por un lado, dejar a la Fiscalía trabajar y, después, tratar las cuestiones que pueda haber por alguno de los fiscales imputados.

P.- La fiscal jefa de Valladolid, Soledad Martín, aseguró también que debería dimitir.

R.- Se trata de una opinión desde el punto de vista profesional como juez al que le afecta lo que ocurre con el cuerpo hermano que es el de los fiscales.

P.- ¿Cree que este caso está dañando seriamente la imagen de los fiscales y de la Justicia?

R.- Claro que sí. Esta situación de un fiscal general imputado, que continúa al frente de la Fiscalía General del Estado, está dañando la imagen de la Fiscalía y de su autonomía. Es un órgano que no goza de plena independencia, pero sí de plena autonomía. Esto se está dañando y también la creencia de los ciudadanos para que el fiscal actúe libremente.

P.- ¿Se critica con virulencia a la labor judicial en ocasiones?

R.- Hay críticas, a veces desaforadas, a la Justicia. Vienen sin fundamento y son realizadas por otros poderes públicos que cargan contra jueces que están haciendo su trabajo. Esto supone un atentado contra la imagen de la Justicia y la división de poderes. Cada cual tiene que asumir su función y dejar actuar al otro poder público con plena libertad. Todos somos iguales ante la Ley y si sobre una persona existen indicios consistentes de criminalidad se debe incoar el procedimiento. Si no, estaríamos ante una situación que no es propia de una Democracia.

P.- El pasado 11 de junio asistió a la convocatoria de las cinco asociaciones del sector y al paro simbólico para protestar por el proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. ¿Por qué?

R.- Acudí como juez, como otros muchos de mis compañeros, no solo en Valladolid, sino en toda España. Lo hice porque esta Ley, este proyecto de Ley que está en tramitación, creo que atenta contra la independencia judicial y contra los principios de mérito y capacidad. Esta ‘ley Bolaños’ no garantiza la autonomía del Ministerio Fiscal. Los jueces no tenemos otra manera de actuar. No contamos con el Boletín Oficial del Estado, pero debemos defender la idea de un juez independiente, no sometido a nadie más que a la Ley. Esta Ley pone en peligro el principio de la independencia judicial.

Javier Carranza en su despacho

P.- Justo se alertó de eso, de que se ponía “bajo amenaza” la independencia judicial, en la concentración.

R.- Así es. Por un lado, se anuncian casi 1.000 plazas abiertas a jueces, a personas que no han demostrado a través de una oposición su mérito y capacidad. Esto denota la posibilidad de que puedan entrar en la carrera personas que no respondan a esos méritos de reconocimiento, tesón, capacidad y que no deben nada a nadie. No sabemos cuáles son las vías de entrada. Alguno habla de un examen como de pinta y colorea, requisitos laxos y eso no puede ser. Los jueces tienen que responder al principio de mérito y capacidad, no deber nada a nadie y ceñirse a la Ley.

“La Ley de Indulto crea la idea de que el Gobierno puede deshacer lo dictado por la Justicia”

P.- Este es el aspecto que más se critica del proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Qué cambiaría?

R.- Cambiaría bastantes cosas. De hecho, lo que pediría es que se retirase la Ley directamente. El Gobierno debe cumplir lo que no cumplido en los últimos siete u ocho años. No ha sacado un número de plazas para cubrir la plantilla orgánica de la judicatura. En España hay de media 11 jueces por los 20 en la Unión Europea, casi la mitad. Sin embargo, tenemos un índice de litigiosidad bastante mayor que en países como Francia. La solución no es introducir a 1.000 jueces de golpe sin sacar esas plazas. Es convocar unas oposiciones para que todos aquellos jóvenes que han terminado la carrera de Derecho, y que se esfuerzan enormemente, puedan acceder al sistema. Esta es la solución, no meter por la puerta de atrás a un millar de personas que no acrediten mérito y capacidad.

P.- ¿Y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal qué cambiaría?

R.- Se ha publicado hace poco un informe del Consejo General del Poder Judicial que suscribo íntegramente. Hay que reforzar el principio de autonomía. El fiscal no puede depender de las órdenes del Gobierno, si queremos que haya un Ministerio Fiscal con plena autonomía. Tiene que actuar con plena libertad para inspirar confianza en la actuación. Si no se pensará que el fiscal puede recibir, en un momento determinado, una orden para no actuar o actuar de determinada manera. Eso debe corregirse.

P.- ¿Estará en la concentración frente al Tribunal Supremo en Madrid para el próximo 28 de junio contra las reformas de la carrera judicial y fiscal?

R.- Personalmente no voy a poder acudir porque ese día estaré viajando al iniciar mi periodo vacacional. Es la primera vez que no voy a estar movilizándome con mis compañeros y me duele. Estaré con ellos en espíritu apoyando esta concentración en Madrid.

P.- ¿Se llegará a cumplir esa amenaza de huelga para los próximos días 1,2 y 3 de julio en caso de que el ministro Bolaños no retire las reformas?

R.- No lo sé. Nunca se puede saber. Las asociaciones han anunciado esta huelga si no se retira este proyecto o no se modifica alguno de los aspectos. Parece ser que la postura del Ministerio de Justicia es inamovible. Por las últimas notificaciones que nos llegan, por parte de las asociaciones judiciales, el Ministerio no quiere modificar nada. Si las cosas siguen así la huelga está convocada y creo que se llevará a cabo. Es una cuestión muy importante. Decir que en este país los jueces tienen que ir a la huelga denota que algo no va bien.

.- ¿Es la peor crisis por la que ha pasado la Justicia en lo que tiene que ver con la independencia judicial?

R.- Yo creo que sí. Llueve sobre mojado porque ya venimos del ‘lawfare’. De aquel pacto entre un partido político y otro indicando que podía haber esto que es como decir que hay jueces que han hecho connivencia para llevar a cabo investigaciones con fines políticos, en contra de unos y a favor de otros. Esto es una completa barbaridad. Si hubiese algún caso de estos, ahí está el delito de prevaricación y la Ley para hacerla cumplir.

P.- También se ha dado en otros países de Europa.

R.- Lamentablemente esto no solo ocurre en España. Aunque aquí sucede de una forma más notoria. A nivel europeo también hay casos en los que el Ejecutivo no quiere ser controlado por el Poder Judicial. Éste es una de las tres patas del taburete del Estado de Derecho. Si quitas una, se cae. Ha ocurrido en Polonia, en Hungría, en México… hay muchos países a los que les estorba la función independiente de los jueces porque cuando detectan ilegalidades o delitos, actúan.

P.- España está cayendo en esto

R.- Se ve mucho en nuestro país en los últimos tiempos. Se ha enrarecido el ambiente a raíz de las imputaciones en la órbita del Gobierno y del partido del Gobierno. Esto provoca críticas generalizadas y descalificaciones a la labor de los jueces. Se habla de ‘fachosfera’, de ‘jueces de derechas’ y demás. Me gustaría significar que más del 90% de los jueces de este país no tienen ningún tipo de antecedente judicial en su familia. Son excepción los que contaban con algún padre o madre dentro de la Justicia. Además, son de clase media o de media baja. Los jueces son importantísimos en un Estado de Derecho. La situación se ha enquistado en España y veremos donde termina.

P.- ¿Iremos todavía a peor?

R.- Yo creo que estamos en el peor momento. La ‘ley Bolaños’ es un disparo a la independencia judicial. Todo culmina con esta ley. No sé si la cosa irá a peor, esperemos que no y que el Ejecutivo y los partidos políticos reaccionen y reflexionen. Que se den cuenta de que todos deben respetar la independencia judicial.

Javier Carranza durante la entrevista

P.- Centrándonos en Valladolid, ¿Cómo está la Justicia?

R.- Está muy sobrecargada de trabajo. Se ha incrementado de forma especial en la Jurisdicción Civil, sobre un 25% con respecto al año anterior. Una inspección del Servicio del Consejo General del Poder Judicial llegó a la conclusión de que hacían falta tres Juzgados de Primera Instancia más en Valladolid. De forma prioritaria uno. He solicitado un magistrado más para la Sección Cuarta de la Audiencia de Valladolid que solo cuenta con tres y que ahora va a tener que afrontar juicios mediáticos como el de Las Eólicas o el de la Funeraria El Salvador, que será después.

P.- ¿Ha hecho alguna petición más?

R.- Se está tramitando una petición de refuerzo de tres jueces para que esa sección pueda trabajar celebrando esos juicios. La situación de la Justicia en Valladolid, también con los Juzgados de lo Social, están teniendo graves problemas. Vamos a necesitar más juzgados. Ahora vamos a ver qué ocurre porque va a entrar la reforma de los Tribunales de Instancia. Si no aumentamos el número de jueces nos encontraremos con este problema.

P.- ¿Y la ciudad de la Justicia para cuándo?

R.- Es un tema recurrente y yo sigo manifestando optimismo. Estamos en 2025. Está previsto poner la primera piedra para el primer trimestre de 2026, pero con todos los avatares políticos uno no sabe lo que va a pasar. Hay un cronograma realizado, un presupuesto de más de 40 millones y un proyecto aprobado. Estamos en fase de licitación de la obra. Sigo confiando. El Ministerio hizo un firme compromiso para ello. La secretaria general del Ministerio, que es Sofía Puente, está muy encima y me consta. Creo que va a salir adelante. Ojalá no me lleve el mayor chasco. Decía un día que al final acabo jubilándome y viendo como se hace la obra mientras paseo y no ahora como debe ser. Si los plazos se cumplen, en 2026 empezaremos a verlo y las obras acabarán en 2029.

P.- ¿Cuál es el objetivo del presidente de la Audiencia de Valladolid?

R.- El objetivo personal y profesional que me marco es el de continuar llevando el timón de este órgano, la Audiencia de Valladolid, e intentar que la Justicia en la provincia funcione mejor en lo que esté en mi mano. El trabajo de los jueces es tremendo. Estamos muy por encima de los niveles de productividad marcados. En nuestra profesión nos piden sacar un diez siempre y eso me gustaría que cambiase.

P.- ¿Retos?

R.- Se presenta el enorme reto, y a la vez el problema, de la entrada en vigor, el 31 de julio, de los primeros Tribunales de Instancia en la provincia, en Medina del Campo y Medina de Rioseco. El gran salto se producirá en Valladolid el 31 de diciembre cuando los juzgados se transformen en esos Tribunales de Instancia. Va a ser un gran revulsivo y una modificación absoluta de la estructura, de la manera de trabajar y de entender todo. Va a ser un trabajo ingente.

P.- Y el deseo, esa Ciudad de la Justicia.

R.- En mi toma de posesión me dirigí directamente al alcalde anterior y recogió el guante para impulsar la Ciudad de la Justicia. Siempre recordaré una concentración convocada por mí en la que todos los grupos políticos estuvieron detrás de una pancarta apoyando el proyecto. Valladolid merece esa ciudad de la Justicia y me gustaría verla antes de que me marche. Además, me gustaría mucho que los ciudadanos de Valladolid se sientan identificados y orgullosos de sus jueces.