El que fuera director de Gabinete en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Juan Junquera Temprano, cargo que ocupó desde mayo de 2004 hasta su ascenso a secretario de Estado en 2011, se sentará este 17 de mayo en el banquillo de la Audiencia Provincial de Valladolid, acusado, junto al empresario Antonio Moreno Rego, de estafar casi 3,5 millones de euros a la Fundación de la Lengua Española con un proyecto.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, explica que la Fundación de la Lengua Española (FLE), que cuenta con su domicilio en la calle Santiago número 18 de Valladolid, solicitó el 19 de octubre de 2007 una ayuda pública para la ejecución del proyecto: ‘Mmog Español, mundo virtual para el aprendizaje y promoción de la lengua y cultura española’.

Una ayuda, añade el texto, que le fue otorgada por resolución del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en fecha 10 de diciembre de 2007. El importe total ascendía a los 3.485.730 euros. Una ayuda compuesta por una subvención de 485.730 euros y un préstamo reembolsable de 3.000.000 euros, con un plazo de amortización de 15 años y dos años de carencia a un tipo de interés del 0%. Todo previendo la resolución que otorgaba la ayuda que parte de la ejecución pudiera ser objeto de subcontratación. Subcontratación que se llevó a cabo con la empresa GPM Digital Entertainment Factory SL.

El patronato de la de la FLE solicitó, el 29 de febrero y el 7 de marzo de 2008, del Ministerio competente, autorización para que la empresa GPM Digital Entertainment Factory SL, cuyo administrador único era el acusado Antonio Moreno Rego, con la que iba a subcontratar la ejecución del proyecto MMOG, se subrogara en la obligación de devolución del préstamo de tres millones de euros, en caso de que la autorización fuera denegada la Fundación no tenía intención de proseguir con el proyecto, por lo que procedería a la devolución de la ayuda obtenida.

El patronato de la Fundación, en una reunión que se celebró en Valladolid el 13 de marzo de 2008, acordó esperar a la contestación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, sobre si autorizaba a que FPM asumiese la obligación de devolver el préstamo de tres millones de euros, liberando de la misma a la Fundación, para decidir sobre si la Fundación segua adelante con la ejecución del proyecto al que nos referimos.  La autorización por parte del Ministerio iba a determinar que la Fundación pudiera seguir con el proyecto. Mientras que la falta de la misa supondría el abandono de la iniciativa y la devolución de los tres millones de euros al Ministerio ya recibidos por la Fundación.

La redacción de un documento

La postura de la Fundación llevó a que el 14 de marzo de ese mismo 2008, el también acusado Juan Junquera Temprano, que por aquel entonces era director de Gabinete en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, actuando de acuerdo común con Antonio Moreno Rego, redactara un documento en el que se decía, como apunta el escrito de acusación, que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio aceptaba la responsabilidad asumida y presentada por GPM a todos los efectos.

Un documento, como apunta el comunicado, que era anómalo a todos los efectos y del que no se dejó constancia en el expediente administrativo. Además, recalca el Ministerio Fiscal, fue dictado por un órgano manifiestamente incompetente ya que carecía, por completo, de funciones decisorias prescindiendo del procedimiento dentro de la legalidad establecido.

El documento se dictó aclarando uno previo de fecha 10 de marzo de 2008, pese a que la solicitud de aclaración con constaba en el expediente, en el que el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información respondía a una petición del 29 de febrero de ese año en el que un representante de la FLE y el administrador único de GPM, Antonio Moreno Rego, solicitaban que se permitiese  que GPM asumiera ante el Ministerio la devolución total del préstamo otorgado, contestándose que se uniera al expediente a los efectos oportunos.

La presentación, el 14 de marzo de 2008, del documento ante el Patronato de la FLE, determinó que se accediese, por éste, en una reunión celebrada en Valladolid el 18 de abril de 2008, a proseguir con la ejecución del proyecto y a que, como consecuencia de ello, se transfirieran los tres millones de euros a la sociedad GPM.

El 8 de abril de 2008, el Ministerio dictaba resolución por la que se denegaba la solicitud de subrogación. Se notificó a FLE el 24 de abril de 2008. Por ello se produjo un perjuicio para la FLE que había transferido los tres millones de euros pero continuaba con la obligación de devolver la cantidad con el paralelo enriquecimiento para GPM. Por parte de la FLE sólo se han devuelto dos cuotas del préstamo concedido al entrar en concurso.

El 22 de octubre del 2012, la FLE presentó ante el Ministerio reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado basada en el escrito del 14 de marzo de 2008, incoándose diligencias informativas en la Subdirección General de Servicios y Relación con los ciudadanos. El escrito de acusación apunta a que se detectó traza de resguardos de envío postal del referido escrito de fecha 14 de marzo de 2008. Se archivó el expediente por prescripción administrativa sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, sancionadoras y penales que pudieran tener lugar.

El fiscal asegura que los hechos son constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa y de estafa cometida por autoridad o funcionario público. El fiscal añado que procede imponer a Juan Junquera, por la comisión del segundo de los delitos, como infracción más grave, la pena de cuatro años de prisión y multa de 12 meses con cuota diaria de 12 euros y la accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante seis años.

Para Antonio Moreno pide la pena de tres años y tres meses de prisión y una multa diaria de 12 euros durante seis meses por el mismo delito.

El juicio se celebrará el 17 de mayo en la Audiencia provincial de Valladolid.