Comisiones Obreras ha denunciado, a través de un comunicado, que “la Junta de Castilla y León vuelve a mentir y vuelve a recortar en Sanidad a los ciudadanos de Castilla y León”. ¿La razón? Porque aunque “poco antes de la convocatoria de las pasadas elecciones del 13F, el Gobierno autonómico anunció la licitación del transporte sanitario con un importe de 800 millones de euros, con el que se pretendía aumentar los recursos de la Comunidad de 605 a 763 ambulancias”, tal concurso “aún no se ha publicado en el Bocyl”.

Desde CCOO, además, se ha denunciado que “la Junta de Castilla y León se ha reunido esta semana con la empresa concesionaria del transporte sanitario de Valladolid y el resto del territorio con la excusa de que el número de casos Covid-19 ha bajado, y le ha comunicado que los recursos adscritos a la Gerencia de Emergencias (112) que desde la segunda ola habían pasado de 12 horas a 24 horas, vuelven a pasar esta misma semana a 12 horas”.

Así, la Unidad de SVB (Servicio Vital Básico) y las ambulancias convencionales de urgencias, con sede en la base central de Valladolid, de 12 horas y retén desaparecen desde el pasado día 21 de febrero. La Unidad de SVB Canterac, de 24 pasa a 12 horas desde hoy día 24 de febrero y las unidades de SVB Parquesol y Huerta del Rey pasan de 24 a 12 horas desde el próximo día 27 de febrero.

Con esta situación, la FSC-CCOO denuncia que la ciudad de Valladolid, con más 300.000 habitantes, a los que hay que sumar 100.000 personas más del alfoz, “va a pasar de tener cinco Unidades de Soporte Vital Básico a 24 horas, a tener 3 a 12 horas y solamente 2 a 24 horas”. Es decir, “por la noche solamente tendrá una ambulancia por cada 200.000 habitantes, con todo lo que eso supone en cuanto al deterioro de la calidad en un servicio público esencial”.

Asimismo, la organización ha subrayado que “estos recortes van a provocar la desaparición de casi 20 puestos de trabajo en la provincia de Valladolid, puestos que son absolutamente necesarios para la prestación de un servicio público cuya responsabilidad última es de la Junta de Castilla y León”.