El juicio por el denominado 'crimen de la Plaza Circular' de Valladolid, que se iniciará el día 2 de noviembre por el procedimiento de jurado popular, será transmitido en streaming por falta de espacio en la sala de vistas de la Audiencia Provincial, dado el elevado número de participantes en el mismo.

El presidente del tribunal de jurado tendrá que buscar acomodo a sus once miembros--nueve titulares y dos suplentes--, así como para la fiscal del caso, las otras dos acusaciones particulares, los seis encausados y sus respectivos defensores, con lo que la limitación de espacio en la sala de vistas ha aconsejado la posibilidad de que los informadores--el juicio es público--puedan seguir también cada una de las jornadas vía streaming a través de sus ordenadores.

Para ello, el Ministerio de Justicia, desde Madrid, será el encargado de transmitir el juicio y de dirigir las distintas cámaras que, en ningún momento, enfocarán a los miembros del jurado, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Una experiencia parecida, que no igual técnicamente, es la que se vivió durante el juicio celebrado en febrero del presente año contra la cupula de Asaja comandada por Lino Rodríguez por la denominada 'operación Cebada' y desmanes, entre ellos con tarjetas 'black', cometidos en la OPA entre 1990 y 2014.

A los ocupantes del banquillo en este juicio con jurado se les acusa del asesinato de María A.M, la septuagenaria vecina de la Plaza Circular en cuyo domicilio, supuestamente, penetraron el 17 de octubre de 2018 para robar el dinero de su caja fuerte. La anciana murió de un paro cardiaco por los golpes recibidos, el estrés y tras quedar maniatada y amordazada, sin apenas poder respirar.

El juicio por estos hechos se celebrará en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid a lo largo de casi dos semanas, desde el día 2 de noviembre y hasta el 18 del mismo mes, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los seis encausados, Rubén A.R. y los ciudadanos de origen búlgaro Arso A.I, Emil A.M, Antón A.M, Gabriel E.K. y Gabriel M.K, se exponen cada uno a condenas globales que oscilan entre los 31 años por asesinato y otros delitos, tal y como interesan el fiscal del caso y uno de los tres hijos de la víctima; los 21 que pide otro de los descendientes y la prisión permanente revisable que interesa un tercero, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En concreto, la acusación pública y una de las hijas de la anciana tipifican los hechos como un delito de asesinato, otro de robo en casa habitada--aplican la agravante de abuso de superioridad--, un delito de detención ilegal y un cuarto de pertenencia a grupo criminal, con peticiones de 18, cinco, cinco y tres años de cárcel, respectivamente, junto con una indemnización de 100.000 euros por daños morales para cada uno de los hijos y el pago de una cantidad, a determinar en ejecución de sentencia, por los anillos robados a la víctima.

Otra de las hijas rebaja la petición global a 21 años, al calificar la muerte de su madre como homicidio y no incluir en la lista de delitos el de detención ilegal, mientras que el único varón de los tres hijos de María A. pide un total de 38 años a sustituir por la prisión permanente revisable.