"¡No se trata de meros errores materiales sino de manipulaciones deliberadas!" en la normativa del Plan General de Ordenación Urbana en favor de determinados promotores inmobiliarios, tal y como ha denunciado la fiscal en el denominado 'Caso PGOU' que sienta en el banquillo a la cúpula de Urbanismo del Consistorio en la legislatura 2003-2007 y para la que ha mantenido su petición de condena, a razón de tres años de cárcel para cada uno de los tres encausados.

Es la síntesis de la hora y media de informe que la acusadora pública ha expuesto en la undécima jornada del juicio que se sigue desde el pasado día 16 de octubre en la Audiencia de Valladolid y al que, tras un receso, ha seguido luego, en el mismo sentido, el de la acusación popular ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', con lo que la jornada de este jueves quedará reservada a las tres defensas para que reiteren su petición absolutoria y la justificación de esta postura.

La fiscal, en su prolija fundamentación para solicitar la condena del que fuera concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, así como del arquitecto municipal Luis Álvarez Aller, y del exjefe de Área, Modesto Mezquita, el primero en calidad de "representante político y los otros dos como técnicos", entiende acreditadas las "manipulaciones deliberadas" detectadas en el PGOU, al no corresponderse lo publicado en el BOP en febrero de 2004 con el texto refundido único que debía de contener lo aprobado en pleno por el Consistorio, las alegaciones estimadas que por error no fueron recogidas y las distintas subsanaciones requeridas por la Junta.

"No se trata de errores materiales sino de alteraciones deliberadas muy graves y con efectos de gran trascendencia y calado económico", ha insistido la acusadora pública, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, pone de manifiesto que esta misma afirmación no es gratuita por cuanto así aparece acreditado en autos y por distintas sentencias en vía contencioso, una de ellas, de fecha 2 de febrero de 2011, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León posteriormente ratificada en 2014 por el Tribunal Supremo.

Aunque tan sólo existe la declaración de un testigo que incrimina a Luis Álvarez Aller como la persona que se puso en contacto telefónico con Inzamac, la empresa a la que el Consistorio había externalizado los trabajos de elaboración del PGOU, para encomendarle expresamente que alterara un plano, el relativo a la parcela de Cáritas, en la calle José María Lacort, que pasó a gozar de la consideración de suelo urbano consolidado, la fiscal también incluye a De Coca y Mezquita como artífices de tales ilegalidades.

"Nadie les ha visto alterar nada ni hacer llamadas en este sentido, pero hay una serie de indicios, como que controlaban el Área de Urbanismo, así como que propiciaron la retirada táctica de los técnicos que hasta entonces integraban el equipo encargado de elaborar el nuevo PGOU y, además, dificultaron que el resto de concejales, tanto de su equipo como de la oposición, tuvieran acceso a la documentación con el tiempo suficiente para examinarla", asevera la fiscal del caso, Ana Valle.

De hecho, la acusadora ha recordado que la oposición dijo que no tenía tiempo y los concejales del equipo de gobierno aseguraron que ni siquiera la analizaban porque se fiaban del concejal del área, como también indicó el entonces máximo regidor, el 'popular' Francisco Javier León de la Riva. "Por eso no se ha traído aquí como acusados al resto de concejales que dieron su voto favorable en las comisiones de gobierno o el pleno, ya que confiaron en la honorabilidad de sus técnicos", ha justificado Valle.

Si no autores, por lo menos daban las órdenes

Por eso, además de Álvarez Aller, en calidad de autor material de alguna llamada a Inzamac para pedir modificaciones, la acusadora pública sostiene que De Coca y Mezquita eran plenamente conocedores de tales alteraciones por cuanto participaron activamente en la elaboración del PGOU.

"No se puede alegar que eran ignorantes de cuanto estaba sucediendo", reitera la fiscal, que añade que si bien pudieron no ser los autores materiales "no se puede decir que no fueran quienes dieran las indicaciones precisas", de ahí la autoría de los delitos de prevaricación por "llevar a cabo actos injustos, en contra de los intereses públicos y de forma totalmente intencionada. Es el ejercicio arbitrario de la función pública".

La acusadora se refería así a distintas operaciones urbanísticas, la ya citada en la calle José María Lacort relativa a la parcela de Cáritas, así como la circunscrita al número 185 de la Avenida de Madrid, donde los promotores vieron incrementada la posibilidad de edificar viviendas, o la que afectó a la antigua fábrica de harinas 'La Perla', en la Avenida de Gijón, donde se autorizó la construcción de un hotel de cinco estrellas.

Contra el patrimonio histórico

A ellas ha sumado la demolición del edificio 'Monedero', en el número 17 de la bajada de La Libertad, un inmueble con un siglo de antigüedad que se encontraba protegido y que fue derruido entre noviembre y diciembre de 2006, de forma exprés, pese a la existencia de un recurso pendiente y en contra del informe de los técnicos. En este caso, la fiscal les imputa un delito contra el patrimonio histórico.

En concreto, la acusación pública responsabiliza a los tres encausados de un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y de otro sobre el patrimonio histórico, con peticiones para todos ellos de tres años de prisión, 25.200 euros de multa e inhabilitación por espacio de 37 años.

Se trata de peticiones mínimas, después de la rebaja realizada por la fiscal--inicialmente pedía cuatro años--al estimar que en los hechos concurre la atenuante de dilaciones indebidas, circunstancia que ha dejado a criterio de la sala considerarla como muy cualificada, en cuyo caso, en el supuesto de condena, las penas serían todavía inferiores.

Por su parte, la acusación popular, ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', solicita la mayor de las penas, seis años y diez meses de prisión, para García de Coca, junto con 38 meses de multa y 17 de inhabilitación por un delito de falsedad en concurso con otro de tráfico de influencias y otro de prevaricación contra el patrimonio histórico.

Para Mezquita y Aller, el acusador popular, también por falsedad en concurso con tráfico de influencias y dos delitos de prevaricación, uno de ellos urbanística, interesa cuatro años y medio y cuatro años de prisión, respectivamente, 15 meses de multa y 14 de inhabilitación.

Las defensas de los tres procesados tendrán este jueves la oportunidad de cerrar el juicio con sus respectivos informes, con lo que quedaría visto para sentencia el proceso que analiza unos hechos registrados hace ya dieciséis años.