El que fuera concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valladolid entre 2003 y 2007, José Antonio García de Coca, principal encausado por el denominado 'Caso PGOU', ha defendido su correcta actuación en el proceso de tramitación de la principal herramienta de planeamiento urbano de la ciudad y ha apuntado como posible autor de las alteraciones en la misma, objeto de investigación judicial, al arquitecto ya fallecido Carlos Cándido Fraile Casares.

Dieciséis años después de que se iniciara el proceso de elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, la Audiencia Provincial ha iniciado este miércoles el juicio contra García de Coca y otros tres integrantes de su entonces cúpula de Urbanismo, el arquitecto Luis Álvarez Aller; el exjefe del área, Modesto Mezquita, y el exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, por supuesta alteración fraudulenta el PGOU con el fin de favorecer a un grupo de promotores urbanísticos.

Excluida ya de la causa una decena de acusados, fundamentalmente por prescripción de los delitos imputados, el proceso ha continuado contra estas cuatro personas, entre ellas el entonces edil de Urbanismo, José Antonio García de Coca, quien ha acaparado buena parte del interrogatorio al que ha sido sometido por la fiscal del caso y las defensas.

No ha podido hacer lo propio el acusador popular, en representación de la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', a quien el exresponsable de Urbanismo se ha negado a declarar. Ante su negativa, el letrado de la federación ha pretendido dejar al menos constancia de las preguntas que iba a formular a García de Coca, aunque el magistrado presidente de la sala ha denegado tal pretensión.

A lo largo de su testimonio, el acusado, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha mostrado un tono firme y en algunos momentos desafiantes ante las preguntas de la fiscal, lo que se ha traducido en varias advertencias por parte del presidente. "¡No es usted quién para enmendar la plana a la fiscal, que es la que dirige el interrogatorio!", ha advertido el magistrado José Luis Ruiz Romero.

García de Coca ha explicado que al llegar en julio al Ayuntamiento y recibir la cartera de Urbanismo se encontró con un trabajo de elaboración del PGOU ya iniciado y del que se hacía cargo una comisión integrada por una veintena de personas, sin que en momento alguno "orillara" a alguno de ellos con el fin de garantizarse las alteraciones que se le imputan. "¡No entiendo por qué se dice que se ha ignorado el trabajo de estas personas. Hubo continuidad absoluta de ese grupo de trabajo!", se ha quejado.

Máxima transparencia

El exedil también ha sido categórico al afirmar que la documentación estuvo siempre a disposición de todos los grupos con representación en el Consistorio y que al respecto siguió un comportamiento "escrupuloso", desde su acceso al cargo, en el verano de 2003, hasta su cese en 2007. "Los concejales de la Comisión de Urbanismo tenían acceso a todos los documentos, no se hurtó su conocimiento a edil alguno", ha insistido García de Coca.

En cuanto a la tramitación del PGOU, el acusado ha explicado que fue la Junta la que pidió la subsanación, vía aprobación de un documento único, de una serie de errores observados en el planeamiento y que fue entonces cuando el Ayuntamiento contrató los servicios del arquitecto Carlos Cándido Fraile Casares los trabajos de elaboración del texto único refundido.

A este respecto, el interrogado ha insistido en que fue dicho arquitecto el que de verdad conocía "los aspectos puntuales del PGOU" y ha recordado un informe en el que la policía constata que esa persona pudo ser la que realizó las modificaciones investigadas, algo que el aludido no podrá aclarar por cuanto falleció en 2006.

Una vez ejecutado ese texto único refundido, pasó primero por la Comisión de Urbanismo de la institución local el 25 de noviembre de 2003 y posteriormente, en diciembre, al pleno municipal, donde se hizo una dación de cuenta del documento para su posterior remisión a la Administración regional.

"Se entregó un CD con toda la documentación digitalizada a todos los concejales mucho antes del pleno", ha defendido García de Coca para tratar de mostrar que la tramitación se desarrolló con máxima transparencia.

Con igual vehemencia, el exconcejal de Urbanismo ha incidido en que "jamás" ordenó a los técnicos que hicieran en el planeamiento urbano un cambio no documentado en informes previos, desligándose así de cualquier posible participación en las alteraciones que beneficiaban a distintos promotores urbanísticos y por cuyas operaciones ha sido también interpelado a lo largo de la primera jornada del juicio oral.

Del resto de compañeros de banquillo, García de Coca ha apuntado que ninguno de ellos formó parte del grupo que integraba la comisión a la que se encargó la elaboración del PGOU, como ellos mismos han ratificado a posteriori.

Petición de hasta cuatro años

El juicio, en principio, está previsto que se prolongue hasta el próximo día 31 de octubre. Fiscalía vallisoletana solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para José Antonio García de Coca, Luis Álvarez Aller y Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional.

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

Por su parte, la acusación popular ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', pide las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, para quienes interesa condenas de cuatro años. No pide pena para José Luis Cerezo Bada.