La Audiencia de Valladolid reinicia el curso judicial, tras el parón estival, con el juicio el próximo martes contra siete personas como consecuencia de la operación que la Guardia Civil desarrolló en 2014 para el desmantelamiento en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero de un taller clandestino de fabricación de armas que vendía a través de Internet, dentro de la denominada Operación Bulldog.

Aunque el juicio está previsto que, inicialmente, se prolongue hasta el jueves, no se descarta que pueda quedar concluido el primer día, ya que cinco de los siete encausados, Francisco Javier G.B, su hijo Pablo G.B, ambos vecinos de Laguna; Alberto B.R. José Ramón D.V. y Óscar E.H, detenidos en su día en Granada, Ourense y Bermeo (Vizcaya), respectivamente, ya han pactado su condena, a la baja, con la Fiscalía de Valladolid, mientras se mantiene la incógnita sobre si seguirán este mismo camino los otros dos restantes, Fernando P.B. y Néstor A.C, detenidos en Málaga y Valencia, respectivamente, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En su calificación inicial, la acusación pública solicitaba la mayor de las penas, siete años de cárcel, para Fernando P.B, uno de los dos procesados que aún no ha pactado la condena, seguido de los tres años y diez meses pedidos para Alberto B.R. y Óscar E.H. Para Javier G.B, Pablo G.B. y José Ramón D.V. interesaba dos años y diez meses de prisión, así como un año y diez meses para Néstor A.C, otro de los acusados que mantiene la incógnita sobre si mantendrá su inocencia o se conformará con una pena inferior.

Además, para todos ellos la acusación pública pedía la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior en tres años a la pena de prisión impuesta, y en el caso de Alberto B.R, quien regentaba una armería en una localidad granadina, interesaba la inhabilitación especial para el ejercicio de su industria o comercio por espacio de quince años.

Los hechos se remontan al año 2014, cuando la Guardia Civil efectuó una operación en Laguna de Duero y distintas provincias de España que concluyó con los siete detenidos y la incautación de un centenar de armas (incluidas algunas de guerra), 5.500 cartuchos, maquinaria, 2,3 kilos de pólvora para la fabricación de munición y cartuchería, así como 47.000 euros en metálico.

El punto de partida fue el desmantelamiento de un taller clandestino de armas. Dichas instalaciones se encontraban en un trastero de un edificio en Laguna de Duero desde donde se distribuían a través de Internet, por lo que junto con el responsable del taller y su hijo, Francisco Javier G.B. y Pablo G.B, fueron detenidas otras cinco personas, ninguna de ellas con antecedentes, que mantenían una relación comercial con ellos desde distintas provincias.

A los detenidos se les imputan delitos de tenencia ilícita de armas, depósito de municiones y depósito de armas de guerra.

La operación se inició en Valladolid a principios de 2014, fruto del intercambio de datos entre los Servicios de Información de la Guardia Civil que apuntaban a la posible existencia de una persona que vendía por Internet armas de fuego fabricadas de forma artesanal desde la provincia.

Concretamente, se investigó un anuncio en el que se publicitaba un lote de venta de un revólver Bulldog --lo que dio nombre al operativo--, con fotografías del mismo y con expresiones como "ha sido recalibrado al calibre 22" e incluso que "alguien lo adaptó para disparar" y "el que lo reformó tenía que ser un artista".

La investigación se centró en el 'nick' utilizado en Internet por la persona que realizaba la publicidad de este lote, así como otros de lotes ya vendidos por la misma persona.

Así se comprobó que había vendido en un mes seis armas que se correspondían con dos revólveres Bulldog, un pequeñísimo revólver, una pistola FN 1.900 Mataduques, un bolígrafo pistola y una pistola Derringuer. Las armas se habían vendido a compradores de distintas provincias españolas.

Además, a través de foros en Internet se ofertaba también munición de diverso calibre y se informaba de las próximas armas que iba fabricando o modificando y que pondría a la venta.

Las investigaciones comprobaron que el principal suministrador y nexo de unión de toda la trama, Francisco Javier G.B, no tenía permiso de armas y carecía de antecedentes penales, si bien en enero de 2013 había denunciado la sustracción en su domicilio de ocho armas inutilizadas.

Se trata de un varón que supuestamente obtenía un complemento a sus ingresos con esta actividad, en la que contaba con el apoyo de su hijo, el cual se encargaba de la comercialización online de las armas.

Bolígrafos y mecheros pistola

Los agentes realizaron registros simultáneos en las provincias de los implicados. En total, se intervinieron cerca de un centenar de armas cortas, entre revólveres y pistolas, 18 armas largas (entre ellas una escopeta de cañones recortados), cuatro armas de guerra (dos subfusiles UZI, pistola ametralladora y fusil Cetme), cuatro armas de fuego prohibidas (tres bolígrafos pistola y un mechero pistola), siete armas de avancarga y un silenciador arma corta.

También se ocuparon 2,3 kilos de pólvora destinada a la recarga de munición metálica, maquinaria y herramientas para la rehabilitación y transformación de armas de fuego y para la recarga de cartuchería; multitud de piezas fundamentales (correderas, cañones, cajones de mecanismos, culatas y armazones) y repuestos para armas de fuego; más de 5.500 cartuchos metálicos de diferentes calibres y más de 47.200 euros en metálico.

El resultado de la operación fue presentada el día 2 de abril de 2014 en la sede de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, con la comparecencia del entonces delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, y del entonces comandante Javier Peña.

El mando del Instituto Armado explicó aquel día que el titular de dicho taller era un "auténtico artesano" de la fabricación de armas, mientras que los clientes solían ser coleccionistas, aficionados a las armas o cazadores, sin que se haya acreditado el empleo de estos objetos en la comisión de otros delitos.

La Benemérita decidió "explotar" la operación en el momento que constató la transacción de un bolígrafo pistola a un cliente de Vizcaya. La hipótesis con la que trabajaba el cuerpo es que se trataba de un vendedor de armas inutilizadas para coleccionistas --algo perfectamente legal-- que "evolucionó" hacia la puesta en servicio de las mismas o fabricación de otras nuevas para obtener un mayor rédito económico.

Esta operación fue llevada a cabo por las unidades del Servicio de Información de las Comandancias de Valladolid, Málaga, Granada, Vizcaya, Ourense, Valencia y Albacete, coordinados a su vez por la Jefatura de Información.