El fiscal ha mantenido su petición de siete años y medio de cárcel para el matrimonio rumano formado por Illie C. y Florica P. por explotar laboralmente a un compatriota durante un lustro en Pozaldez (Valladolid), y eso a pesar de tener que renunciar en el juicio al testimonio de la supuesta víctima al percatarse del grave estado mental que padece en la actualidad.

La acusación pública, que solicita igualmente una indemnización de 90.000 euros, y la acusación particular, que se ha adherido a la primera, pese a pedir inicialmente nueve años para los procesados, no han podido practicar la principal prueba de cargo contra los investigados, la testifical de Marin P, de 62 años, al percatarse todas las partes al inicio de su declaración en la Audiencia de Valladolid de que el hombre se encontraba totalmente desorientado y de que no se encontraba en condiciones de responder con garantías a las distintas preguntas de las partes.

Ante ello, el presidente de la sala se ha visto obligado a suspender momentáneamente la vista a fin de que un forense judicial examinara a Marin P, trámite tras el cual se ha renunciado a su testimonio una vez que el experto ha ratificado un reciente informe del Hospital Río Hortega en el que se constata su delicado estado mental a consecuencia del alcoholismo y el deterioro cognitivo o demencia que padece y que tiende a ser "crónica y progresiva".

Por tal motivo, la principal prueba existente contra la pareja de acusados ha quedado limitada a la lectura en sala de la inicial denuncia y la segunda ampliatoria realizadas en su día por la supuesta víctima, en las que Marin P. aseguró que viajó a España en un vuelo de avión costeado por familiares de Illie C. y que una vez en Madrid este último le recogió y trasladó hasta su domicilio en Pozaldez (Valladolid), donde trabajó en labores agrícolas para pagar los 1.400 euros de deuda generados con el pasaje de avión.

Sin embargo, el denunciante, tal y como refiere en aquella denuncia interpuesta en 2014, se vio obligado a continuar trabajando para el matrimonio, sin percibir dinero alguno por su trabajo en el campo que le era retirado por los acusados para afrontar el alquiler de la vivienda y su manutención.

Tres agentes de la Policía Nacional, dos de ellos de Extranjería, ha testificado para coincidir todos ellos en que cuando Marin P. denunció los hechos se encontraba en perfecto estado.

"Le gustaba soplar"

Los acusados, por contra, en declaraciones recogidas por Europa Press, han rechazado de plano haber explotado y extorsionado a su compatriota, han negado que le costearan el viaje y han explicado que le conocieron en Medina del Campo y que fue entonces cuando Marin P, de quien recuerdan que "le gustaba soplar", les pidió cobijo en su casa, de forma que el denunciante contribuía con 100 euros a pagar los 300 euros del alquiler y a sufragar también su manutención.

"No sé por qué nos ha denunciado. ¿Si no hubiera estado a gusto en mi casa se habría quedado cinco años?", ha preguntado el procesado, quien, al igual que su esposa, ha negado haber privado a Marin P. de su documentación y mucho menos haberle golpeado en las costillas tras anunciar la supuesta víctima su deseo de poner fin a esta situación.

Sin embargo, el hecho cierto es que el 26 de noviembre de 2013 Marin P. tuvo que ser asistido en el Hospital Comarcal de Medina del Campo, si bien los facultativos no llegaron a realizarle unas radiografías porque el acusado se lo llevó antes de practicarlas.

Durante la vista, un amigo del supuestamente explotado, también de origen rumano, ha confirmado que en su día Marin P. le contó el régimen de "esclavitud" al que estaba sometido, el mismo que el testigo asegura que sufrió a manos de un hermano del procesado, hasta que un día le amenazó con denunciarle a la policía y fue entonces cuando le pagó lo que le debía por los trabajos agrícolas realizados.

El defensor del matrimonio, que solicita un fallo absolutorio, ha invocado inicialmente, sin éxito, la nulidad tanto de los escritos de acusación como del auto de apertura de juicio oral y ha mostrado igualmente su oposición a que se incorporara la lectura de la denuncia de Marin P.--dicha prueba la valorará la sala a la hora de dictar sentencia-- al considerar que con ello se vulneraba el derecho de defensa ante la imposibilidad de ejercer el principio de contradicción.