Los socialistas “pretenden y proponen” implantar, con su voto y con sus propuestas en las Cortes de Castilla y León, un sistema fiscal progresivo en el que los impuestos se paguen o se calculen en función de “lo que se tiene, gane o se herede”. 

Con esta declaración, realizada hoy en rueda de prensa hoy por la procuradora del PSOE de Salamanca y portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en las Cortes, Rosa Rubio, ha desmontado “la campaña de mentiras” que desde la Junta y el gobierno regional se ha puesto en marcha en torno a la modificación del impuesto de sucesiones y donaciones, una modificación que “en honor a la verdad” solamente afecta al uno por ciento de la población de Castilla y León, “entre ellos los más ricos, los que más tienen y los que más heredan porque ya existían bonificaciones para los ciudadanos que menos tienen y que menos heredan” ha denunciado.

La procuradora socialista ha puesto en apoyo a estas afirmaciones varios ejemplos, como el de que la persona que donaba al patrimonio protegido de un hijo con discapacidad tenía ya una bonificación del cien por cien con el límite de 60.000 euros, es decir, “que no pagaba nada por esa donación”. Y las donaciones a víctimas del terrorismo, “ya tenían también una bonificación del 99% sin límite de cantidad”, ha dicho.

Las donaciones en el régimen familiar, ha añadido, “un padre o una madres daban dinero a un hijo para la compra de una vivienda  habitual” estaban bonificadas con el 99% hasta los 180.000 euros, límite que llegaba hasta los 250.000 euros si el hijo o hija tenían algún tipo de discapacidad.

Por otra parte, ha explicado Rubio, el relevo generacional en empresas y en la agricultura, “también estaba asegurado antes” porque existía una bonificación del 99% en el impuesto de donaciones cuando se constituía o se ampliaba una empresa individual o un negocio profesional, la misma bonificación en el impuesto de sucesiones en la empresa familiar agraria, o lo que es lo mismo, “cuando un padre dejaba una explotación familiar a su hijo la donación estaba bonificada con el 99%”, por tanto, “no necesitábamos la modificación de este impuesto” ha puntualizado, para añadir que, con esa modificación, el único cambio que ha habido ha sido para peor, “antes se exigía que la empresa que se cediera tenía que permanecer un mínimo de cinco años en la Comunidad y ahora no, “ se la pueden llevar, venderla, trasladarla, cerrarla y no habrán pagado ni un solo euro a las arcas de Castilla y León.” o sea, “ de relevo generacional como han vendido tanto PP como Ciudadanos nada de nada”.

En el año 2019, antes de esta modificación, en Castilla y León solo tributaron por el impuesto de sucesiones 701 contribuyentes de los casi 2. 490.000 habitantes que tiene la Comunidad ya que las herencias de 400.000 euros o menos no tributaban nada.  Esto significa, ha señalado Rubio, que con la modificación de Mañueco se beneficia a “quien más tiene y más hereda por encima del que menos tiene y menos hereda.

Esta modificación va a suponer además, ha puntualizado la procuradora salmantina, que la Junta deje de ingresar 35 millones de euros, dinero con el que se podría “contratar 600 médicos, construir dos residencias para mayores, ocho depuradoras de agua, colegios, centros de salud que tanto necesitamos o subvencionar el alquiler a las más de mil personas que se quedaron sin ayudas por falta de fondos”, o también, “tal y como propuso el PSOE”, con esos 35 millones de euros que se dejan de ingresar beneficiar a los 900.000 habitantes del medio rural garantizando la igualdad al acceso a los servicios público con las mismas condiciones que lo hacen los del medio urbano. “¿Se imaginan a cuántos autónomos a cuántas pymes a cuantas familias en un año tan duro como este podríamos ayudar con 35 millones de euros?” se ha preguntado la portavoz de hacienda socialista en la Cortes.

Desde el PSOE no podemos consentir que se engañe a la ciudadanía con mentiras en relación a la modificación del impuesto de sucesiones con la que tan solo se va a beneficiar a menos 1.000 castellano y leoneses que son además, “los más ricos y los que más tienen” ha manifestado Rosa Rubio para finalizar. “No es justo, ni ético ni correcto que se decrete una medida fiscal que beneficia a menos de 1.000 personas, y con los mayores patrimonios, perjudicando prácticamente a la totalidad de los castellanos y leoneses que verán recortados sus derechos porque tendrán menos servicios públicos”.

A esto hay que añadir la escasez de proyectos que la Junta ha presentado para acceder a los fondos europeos de recuperación, “que ni siquiera están publicados”  y donde alguno de ellos, de Consejerías como las de Familia o Sanidad, están vacíos de contenido, ni se desarrolla el proyecto ni se cuantifica, sin hilo conductor y, muchos de ellos, sacados del baúl de los recuerdos desde hace más de veinte años “porque el gobierno regional no ha entendido ni el objetivo ni la finalidad de estos fondos y va a dejar pasar una vez más una oportunidad de futuro para nuestra tierra” ha concluido.