Salamanca

Mina de uranio de Berkeley en Retortillo, un futuro de gris a negro

7 febrero, 2021 09:00

La pretensión de la empresa australiana Berkeley Minera de construir una mina de uranio a cielo abierto en Retortillo, en el mismo corazón del Campo Charro -en la que muy pocos creen ya-, sigue en un limbo legal y con muchos nubarrones de que su construcción, cada día que pasa, se hace más complicada. Y ello con la consiguiente alegría de la mayoría de los habitantes de esa comarca salmantina del Yeltes que, desde hace más de cinco años, no han dejado de manifestar su oposición a la explotación de esta mina, en un territorio de alta calidad medioambiental como la dehesa con la encina como árbol emblemático, un territorio de ganadería extensiva y con un histórico balneario a escasos kilómetros.

Lo último conocido al respecto, y que ha provocado todo un torbellino político y mediático, ha sido la información sobre las presiones que ha ejercido la empresa Berkeley Minera, como diversos allegados a la misma, e incluso aseguran, desde la propia Junta de Castilla y León, sobre miembros del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que emitan con prontitud el informe preceptivo que debe realizar ese organismo sobre la autorización de construcción de la planta de tratamiento de uranio de Retortillo. Según informan a este diario desde las plataformas contrarias a la mina, como Stop Uranio, es que la razón de esas prisas viene dada por "el interés de la empresa minera en contar con esa autorización antes de que se apruebe la nueva Ley de Cambio Climático por la que se prohibiría la investigación y el aprovechamiento de minerales radiactivos, tal y como se definen en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, cuando tales minerales sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles, en todo el territorio nacional”. Y ahí está cuestión. En la práctica, la enmienda supone el fin del proyecto de Berkeley en Salamanca. La multinacional lo sabe y ha respondido con dureza a las intenciones de los partidos de Gobierno. En un primer comunicado, la multinacional aseguró que la enmienda “vulnera gravemente los principios de seguridad jurídica y confianza legítima” y añadió que “es una disposición retroactiva restrictiva de derechos y expropiatoria que daña gravemente la confianza de los inversores en España”. Además, en su opinión, la inciativa es “inconstitucional al restringir la libertad de empresa y limitar la riqueza del país sin que pueda encontrarse justificación alguna para la adopción de tal medida”.

Todo indica, como apuntan desde diversos colectivos, que Berkeley pretende contar con una nueva autorización que refuerce su posición ante la posible demanda de indemnización al Estado por no poder realizar su proyecto de mina de Retortillo. No es menos cierto, también, que este podría ser uno de los objetivos de la empresa ante el derrumbe del precio del uranio por los malos augurios que se ciernen sobre la energía nuclear. Informan desde la zona que hace tiempo que la empresa minera no realiza ninguna acción en la zona de la mina, debido a una serie de circunstancias adversas a sus intereses, como la rescisión del convenio firmado con la Diputación de Salamanca para el desdoblamiento de la carretera comarcal SA-322, después de haber firmado un convenio de colaboración con la empresa Berkeley Minera España S.L. Pero ha llegado ahora la rescisión del citado convenio de colaboración mediante un Decreto con nº 4929/20 y fecha 9 de diciembre de 2020, lo que constituye un serio revés y un inconveniente mayúsculo al ser la primera vez que una administración implicada en este asunto da marcha atrás y le da la espalda a la empresa minera. Además, la concesión minera, otorgada por la Junta de Castilla y León en 2014, comprende terrenos de los municipios de Retortillo y Villavieja de Yeltes, pero la Autorización de uso excepcional en suelo rústico se otorgó sólo para el municipio de Retortillo por lo que está recurrida en el Juzgado Contencioso Administrativo por los colectivos anti mina de uranio.



Según señalan desde el grupo confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, directivos y accionistas de la multinacional minera habrían presionado al regulador español para que “actúe con la diligencia debida, y otorgue celeridad a su pronunciamiento, y, sin mayor dilación, otorgue el acuerdo de concesión (...)”. En concreto, el CSN ha recibido cuatro cartas: una del presidente de Berkeley, Francisco de Paula Bellón; otra del despacho de abogados contratado por Berkeley, Herbert Smith Freehills Spain; y dos de asociaciones que dicen defender los intereses de los accionistas, la World Federation of Investors (WFI) y la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec). Las misivas contienen, según señaló a El País -donde se publicó la información de las presiones- el presidente del CSN, Josep María Serena i Sender, “solicitudes e insinuaciones impropias”, por lo que el organismo ha decidido hacer llegar el caso a la Comisión de Transición Ecológica y la Abogacía del Estado.

Pero todo tiene una segunda lectura económica y bursátil por parte de la empresa, más allá de la construcción y explotación real de la mina de uranio en Retortillo. Veamos.

La vertiente especulativa en Bolsa



Presentación en Salamanca de la entrada en Bolsa de Berkeley Minera por parte del consejero delegado del grupo, Paul Atherle, y Francisco Bellón, vicepresidente Ejecutivo de Berkeley Minera España

La empresa minera Berkeley Energía se desploma un día tras otro consecutivo en Bolsa tras conocerse que los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos pretenden prohibir la explotación de minerales radiactivos en España. Así, también se oponen los ecologistas y otros colectivos, como las Organizaciones Profesionales Agrarias, al considerar que constituye un peligro no solo para el medio ambiente y la agricultura, sino también para la salud humana. Mientras el Ministerio de Transición Ecológica acaba de autorizar inicialmente el proyecto de la empresa australiana Berkeley como instalación radiactiva, partidos como Podemos piden que se anule dicho permiso. Todavía falta, sin embargo, la licencia definitiva, por lo que se espera una fuerte batalla legal y también política en los próximos meses. Mientras tanto Berkeley sigue pendiente únicamente de su negocio bursátil, habiendo comunicado que tras el Brexit el país de referencia para la negociación de sus acciones deja de ser el Reino Unido y pasa a ser España el supervisor competente.  Circunstancia que tuvo con anterioridad una gran puesta en escena, a todo lo grande, en el claustro del Palacio Fonseca con la presencia del consejero delegado del grupo, Paul Atherle, y Francisco Bellón, vicepresidente Ejecutivo de Berkeley Minera España, ante un nutrido grupo de representantes de la vida política, social y económica de la provincia.



El Grupo Socialista y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados -que además forman coalición en el Gobierno de España- han pactado una serie de enmiendas al Proyecto de Ley de Cambio Climático, entre las que figura la prohibición de las minas de elementos radiactivos. Tal es así, que el texto de la Ley incluye un párrafo esencial para el devenir futuro de las minas de uranio: “Se procederá al archivo de cualquier procedimiento relacionado con la autorización de instalaciones radiactivas del ciclo de combustible nuclear para el procesamiento de tales minerales”. 

Esta circunstancia del Gobierno de España y del Congreso de los Diputados, más que ninguna otra, ha provocado que las acciones de Berkeley se desplomaran un 30,84% y encabezaran los descensos del Mercado Continuo. Por ello, son muchas las informaciones 'positivas' emitidas desde la propia minera australiana que les favorecen en la especulación bursátil, con subidas importantes cada vez que surge una de esas informaciones propias en los medios nacionales. Cuando la situación, por cierto, dista mucho de la realidad que vive esta empresa y esta mina en el espacio geográfico de Retortillo (Salamanca), un pueblo que poco importa a los grandes magnates del IBEX y de la especulación en la Bolsa de Londres, Wall Street, Sidney o Madrid. No es menos cierto que, desde un primer momento, desde diversos ámbitos sociales, económicos y políticos ya se sospechaba que el "único y verdadero" interés de esta empresa australiana era su especulación bursátil. 

Para hacer frente a todo este compendio de hechos contrarios a Berkeley, el grupo minero australiano prepara la batalla legal contra el cierre del proyecto. La compañía ha elegido al bufete Herbert Smith Freehills para diseñar la estrategia contra el acuerdo de los partidos de la coalición de Gobierno PSOE y Podemos de prohibir la minería del uranio en España mediante una enmienda en el proyecto de Ley de Cambio Climático.  En el caso de Berkeley, los abogados de Herbert se centrarán en la enmienda pactada por el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso para cortar de raíz los planes de la multinacional Berkeley. La enmienda introducida en el proyecto de ley de Cambio Climático señala que "queda prohibida la investigación y el aprovechamiento de minerales radiactivos tal y como se definen en la Ley 25/1964 de 29 de abril, sobre energía nuclear cuando tales minerales sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles en todo el territorio nacional". 

Explicaciones de la empresa que no terminan de convencer



Entrada a las instalaciones de Berkeley Minera en Retortillo (Salamanca)



Berkeley Minera España ha señalado que su proyecto en Retortillo (Salamanca) "está avalado por más de 120 permisos e informes favorables, entre los que se encuentran nueve del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)" y ha señalado que "continua a disposición del CSN y del Gobierno para aportar y aclarar la información que sea necesaria sobre el proyecto de Retortillo". Respecto a las informaciones publicadas recientemente sobre presuntas presiones, la compañía ha subrayado que, "dentro de la absoluta legalidad y del máximo respecto por las instituciones y organismos de la Administración Pública, todo lo que ha hecho es solicitar al CSN que, ante el dilatado tiempo que se está empleando en la evaluación del proyecto, se fijara una reunión en la que se pudiera comentar y aclarar cuál es el estado de dicha tramitación".



Además, ha añadido que su solicitud ha llegado "a la vista de los extremadamente largos plazos transcurridos" para "conocer de forma definitiva la fecha final en la que se emitirá el informe preceptivo que el CSN ha de emitir en relación con la Autorización de Construcción solicitada para el proyecto Retortillo". La solicitud de Autorización de Construcción se presentó en 2016, y después de más de cuatro años de tramitación, el objetivo de la reciente correspondencia de la compañía al CSN es "simplemente que el expediente se resuelva de manera oportuna sin más dilataciones". Sorprende que la empresa pida celeridad al Consejo de Seguridad Nuclear cuando la solicitud inicial de la autorización de construcción la dejó caducar por inacción ante la petición de documentación realizada por el entonces Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, en la época del gobierno de Mariano Rajoy.



De nuevo sobre los informes, ha resaltado que cuenta con informes favorables de la Unión Europea como "la apreciación favorable del proyecto de inversión", la confirmación del proyecto como "uno de los proyectos de minería de uranio más eficientes promovidos en el mundo" y "la validación de dos contratos de Off-Take suscritos por la empresa". Además, en lo que respecto a documentos de la Junta de Castilla y León, ha destacado el informe favorable sobre la repercusión sobre la Red Natura 2000, la declaración de impacto ambiental favorable, la aprobación del Proyecto de Explotación-Restauración-Clausura, el otorgamiento de la concesión de explotación o la autorización de uso excepcional de suelo rústico.



Berkeley Minera España ha destacado en la información remitida que "siempre ha estado y continua a disposición del CSN para mantener las reuniones que consideren necesarias y aportar o aclarar la información que sea pertinente". Asimismo, también ha ofrecido su "disponibilidad al Gobierno y al resto de instituciones del Estado, centrales o autonómicas" para "proveer con total transparencia de la información que pudieran requerir".

Pero lo que no explica Berkeley es que personas que han ostentado cargos con el Partido Popular sirvan de mensajeros de la empresa minera, como se anuncia con el exdirector general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Montero. Ya se conoció también el fichaje del exconsejero de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, para que hiciera de lobbista ante su amigo Arias Cañete en la Comisión Europea. 



Unas explicaciones de la minera australiana realizadas este jueves, que no terminan de convencer tanto al PSOE, como Unidas Podemos, Equo, y las asociaciones agrarias y ganaderas de la comarca, como tampoco a la inmensa mayoría de los ayuntamientos de la comarca de Vitigudino y el Campo Charro, como también de todas las Cámaras Municipales de la zona fronteriza y el Gobierno de Portugal. Sea como fuere, lo más probable es que esta ley del Ministerio de Transición Ecológica vea la luz esta próxima primavera, por lo que a la empresa Berkeley se le acaba el tiempo de llevar a término su negocio radiactivo en Salamanca. 

Desde hace tiempo está claro que Berkeley lo único que pretende es sacar tajada, vía indemnización tipo 'proyecto Castor', -depósito estratégico artificial de gas natural situado frente a las costas de Castellón y Tarragona que fue liquidado a finales de 2014, cuando el gobierno puso fin a la concesión, revirtió al Estado la licencia de explotación del almacén de gas Castor e indemnizó a la empresa con 1.350 millones de euros. Sin embargo, la OCU calculó en 4.730 millones el monto que los consumidores habrán pagado por el proyecto fracasado- del fallido proyecto de mina y planta de Retortillo. 



"Han sido incapaces de llevar a término la mina de uranio después de década y media de marear la perdiz y en la situación actual, de impulso demoledor de las energías renovables, la energía nuclear no tiene ningún futuro dentro de los países que conforman la Unión Europea", finalizan desde Stop Uranio.

Las protestas contra la mina de uranio de Retortillo han sido constantes como también el extranjero. Aquí, ante la Asamblea de la República Portuguesa