Nueva batalla en la guerra por el palacete de la avenida de Italia. Después de que la promotora Construcciones y Promociones Arsenio's S.A. presentara recientemente dos informes en los que concretaban los riesgos penales que podría suponer la ejecución de las obras de conservación del edificio, ahora niega al Ayuntamiento que no haya aprobado su demolición anteriormente. 

Según indican en una nota de prensa, la Comisión de Fomento y Patrimonio, en su sesión del 11 de diciembre de 2018, ratifcó el visto bueno que la Comisión Técnico-Artística había dado al vaciado interior y restitución tipológica (demolición y repetición de fachadas) del inmueble de Avenida de Italia, 36, todo ello como figura en el Expediente 57/2018/INFU del Ayuntamiento de Salamanca. 

Así, continúan, además los propios arquitectos municipales dictaminaron que se trataba de una solución que si finalmente se desarrolla "va a quedar bastante mejor de lo que está actualmente y además salvaguardando la imagen que tiene". 

Por ello, desde la promotora insisten en que "no existe fin público que justifique la Orden de Ejecución de las «obras de conservación» (el valor estético del inmueble queda protegido por la demolición y repetición de fachadas), que supone que el Ayuntamiento tenga que pagar esa conservación". 

Comentan en la nota de prensa que, una vez que ha sido declarada la ruina por sentencia y reconocido por el Ayuntamiento la conveniencia de la demolición se excluye expresamente las «obras de conservación» cuando el nivel de protección del edificio, como es el caso, permite su demolición. 

A pesar de ello, "la Alcaldía en el decreto del estado de ruina, en base al informe emitido por la Arquitecta Municipal, la Jefa del Servicio de Inspecciones y Obras, ordenó la ejecución de «obras de conservación», omitiendo que el edificio sí se puede demoler. La orden se dictó el día 15 de marzo de 2019, con posterioridad a que la Comisión de Fomento y Patrimonio ratificará el informe de la Comisión Técnico-Artística favorable a la restitución tipológica con demolición".

"Así, ordenar la ejecución de obras de conservación en un edificio en el que los órganos consultivos del propio Ayuntamiento permiten su demolición, supone cargar al presupuesto público unas obligaciones de pago innecesarias, las cuales pueden llegar a alcanzar el millón de euros; y es que de ejecutarse las obras de conservación que se plantean en el expediente de ruina, no se solventarían los graves problemas de cimentación (agravados por la existencia de bolsas de agua) ni, por supuesto, se cumpliría el Código Técnico de Edificación, razón esta última por la que las arcas públicas tendrían que sufragar íntegramente el coste de las obras".

“Los vecinos no comprenden que se elija una solución que no es ni buena para el consistorio, ni para la ciudad, ni para la conservación de su patrimonio artístico. No es razonable, que existiendo una opción legal y mejor, como la que se plantea, se opte por la peor solución para la edificación y, además, la más perjudicial para las arcas públicas” explica José Luis Sánchez de CPASA. Y es que la opción de la restitución tipológica (demolición y repetición de fachadas) no sólo supone que se no se deban aplicar fondos públicos a la conservación, sino que, además, el consistorio no recupere una indemnización superior a ciento veinte mil euros que tuvo que pagar a CPASA por reducirse la edificabilidad bajo rasante con la catalogación del inmueble, restricción que desaparecería con la restitución tipológica.