El grupo municipal Ganemos Salamanca ha tenido conocimiento de que no se está respetando el pliego de condiciones del servicio municipal de las piscinas de Garrido en materia de contratos laborales, ya que se estaría aplicando un convenio colectivo diferente al presente en otras contrataciones del servicio municipal. Estos contratos laborales no sólo implicarían menos retribuciones para las trabajadoras y trabajadores, sino que no estarían siendo firmados por la UTE concesionaria, como establece el acuerdo firmado con el Ayuntamiento.

Por este motivo, en la mañana de hoy han solicitado por escrito los datos históricos de las contrataciones realizadas por estas empresas en las piscinas municipales. El concejal de Ganemos, Gabriel Risco, ha dicho que “es responsabilidad del Ayuntamiento velar por el cumplimiento de la legalidad y defender los intereses de las trabajadoras y trabajadores. Hay dinero público de por medio, una subvención anual de más de 745.000€. Las retribuciones no pueden decidirlas alegremente las empresas, porque salen de los impuestos que paga toda la ciudadanía. Tienen que respetarse los convenios y pagarse unos salarios dignos”, aseguró.

Ganemos se posicionó con firmeza en defensa de los derechos de la plantilla y también por la prestación de servicios públicos de calidad. “No puede ser que la gestión del Partido Popular sea un rosario de despilfarro de dinero público, orientado únicamente a beneficio de las empresas concesionarias: Aldehuela, Multiusos, autobuses urbanos y ahora también las piscinas municipales. Esto no puede seguir así”, declaró Risco.

La portavoz de Ganemos, Virginia Carrera, dijo que “existe un ordenamiento jurídico laboral que cumplir y un pliego de condiciones que respetar. Es obligación de las empresas respetar la legalidad. Las retribuciones mensuales que perciben trabajadoras y trabajadores pueden llegar a ser hasta 120€ menores que las estipuladas legalmente, en este caso. No es de recibo que la empresa decida rebajar los sueldos unilateralmente y nuestro Ayuntamiento no diga nada”. También aseguró que la labor de fiscalización del funcionamiento de los contratos municipales y el respeto de los pliegos de condiciones “es un trabajo del Gobierno, no de la oposición”. Carrera lamentó que el Partido Popular, de manera habitual “cierre a cal y canto cualquier información que pueda suponer la puesta en evidencia de su falta de capacidad para gobernar”. Por este motivo han solicitado la documentación por escrito y, si se les es negada, acudirán a instancias judiciales.