Los concejales del PSOE de Quintana y Congosto (León) denunciaron ante el Procurador del Común, la Subdelegación del Gobierno y el Consejo de Cuentas la aprobación de un sueldo “ilegal e ilícito” para la alcaldesa del municipio, María Yolanda Miguélez, del Partido Popular.

En concreto, según explicaron, se aprobó la percepción de una dedicación del 75 por ciento por 18.179 euros, 1.500 al mes, repartidos en 14 mensualidades en concepto de dedicación parcial, que con Seguridad Social alcanza los 24.000 euros. Un acuerdo que desde el PSOE se considera “ilegal en cuanto a forma”, ya que “se tomó en un pleno extraordinario dentro del apartado de presupuestos en lugar de en sesión plenaria de organización y funcionamiento”, y del que “no existe control mediante registro de horarios ni tampoco mención ni consignación presupuestaria de lo que supone el coste añadido en concepto de cuota patronal de la Seguridad Social”.

Los concejales socialistas también pusieron de relieve la mala gestión del Partido Popular, ya que apuntaron que en la cuenta general de 2019 “se han realizado pagos de sueldos ilegales con carácter retroactivo en distintos conceptos como salario, gastos de representación y nóminas sin justificación”.

Además, el grupo socialista informó de pagos al concejal delegado de Inspección de Obras e Informes por más de 1.617 euros que tiene que devolver, ya que por esas actividades señalaron ya se paga a dos técnicos casi 14.000 euros anuales, mientras que en el acta de organización del nombramiento del concejal delegado no consta percepción de retribución alguna.

Además, según los concejales del PSOE, los dos últimos veranos el Ayuntamiento ha contratado a obreros temporales sin publicidad, sin informar a la oposición y sin llevarlo a pleno, para ocultar que se trataba de familiares relacionados con cargos y excargos del PP.

La falta de comunicación y transparencia que denunció hoy el PSOE del municipio también pasó por la ausencia de celebraciones plenarias de carácter ordinario de modo trimestral, la negativa de acceso y vista con copia de los decretos de Alcaldía y otros incumplimientos de la Ley estatal de Transparencia y de la Ley autonómica de 2015 que “alejan al PP de los principios de buen gobierno”.