El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Burgos acaba de comunicar que ratifica la prórroga de la orden del 6 de agosto por la que se adoptar las medidas sanitarias para la contención de la COVID-19 en el municipio de Aranda de Duero, prevista inicialmente hasta hoy martes 18 de agosto de 2020, y que pasan a estar vigentes desde las 00:00 del día 19 de agosto del año 2020 hasta que se cumplan los 14 días naturales que contempló la misma. Es decir, hasta el viernes.

La orden que ratificó el auto inicial contemplaba una duración de medidas de 14 días naturales que se limitó a 7, y que posteriormente se amplió a 11 días.

El juzgado recoge así la petición de la Consejería de Sanidad quien había presentado un informe argumentando la petición de prórroga. El informe de fecha 17 de agosto del año 2020 que emite la Directora General de Salud Pública con dos anexos por los que se da cuenta de la situación epidemiológica existente en la localidad y provincia con el fin de resolver sobre la posibilidad de la siguiente prórroga en los términos acordados por Auto de fecha 18 de agosto del año 2020; en esencia se indica que hasta la fecha de elaboración del informe hay 605 casos confirmados de infección activa, siendo 21 casos los existentes a fecha 26 de julio detectando en esta última semana (del día 10 al 16 de agosto) 168 casos de los cuales a día de hoy hay 18 personas hospitalizadas por COVID-19 en el Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero (5 de ellas casos confirmados en las últimas 24 horas) y 4 personas ingresadas en la UCI del Hospital Universitario de Burgos.

Además de esos 605 casos confirmados, sólo 201 están asociados a alguno de los 50 brotes identificados. Por lo tanto hay 404 casos en los que no se han encontrado vínculo epidemiológico.

Ello le permite concluir situación de contagio comunitario que hace precisa la prórroga de las medidas adoptadas hasta la conclusión inicial de las mismas, que preveía una duración de 14 días, apunta la resolución.

La juez da traslado de la resolución a la Junta, al Ministerio Fiscal y a la Delegación del Gobierno en Castilla y León, así como al ayuntamiento de Aranda de Duero, "a fin de que conozcan de la posible necesidad de colaboración con la Junta de Castilla y León y cumplan con la misma de conformidad con los deberes que les competen en las respectivas legislaciones reguladoras de los cuerpos y fuerzas de seguridad".