El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ICAL
Castilla y León reclama que se posponga al menos hasta septiembre la reunión sobre la nueva financiación
La Comunidad denuncia, junto al resto de autonomías del PP, que el proceder del Gobierno "ha viciado por completo el proceso de propuesta".
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Castilla y León y el resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP reclaman al ministro de Hacienda, Arcadi España, que posponga al menos hasta el mes de septiembre la reunión prevista para el 29 de julio del Consejo de Política Fiscal y Financiera para votar el Acuerdo para la reforma del Modelo de Financiación.
Ello ante la trascendencia que exige esta decisión porque el “proceder” del Gobierno “ha viciado por completo el proceso de propuesta”.
Las comunidades autónomas remitieron una carta a España en la que aseguran que “no rehuyen la reforma del sistema de financiación; al contrario, la reclaman”.
Pero argumentan que “una reforma de esta envergadura ha de abordarse con todas las comunidades, con la información completa y con el tiempo indispensable para su estudio, y no puede resolverse sobre unas premisas y unos plazos que lo impiden”.
Asimismo, exponen en la misiva, avalada por el consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que si una reforma tiene un impacto presupuestario estructural de decenas de miles de millones de euros, “encaja claramente dentro del ámbito de interés de la supervisión fiscal europea y de Airef".
"Por lo que es razonable esperar un análisis o evaluación sobre sus efectos en deuda, déficit y sostenibilidad fiscal a medio plazo”, añaden.
![El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a parte de la bancada del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11321416.jpg?p=w:320\/h:240&h=LnIy_VZP"])
Las autonomías que firman (Castilla y León, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Valencia, Aragón, Extremadura, Baleares y Madrid, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) apuntan a septiembre para ese encuentro.
Y ello “siempre que concurran las condiciones mínimas de información y de plazo, que una decisión de esta trascendencia exige”.
Pacto bilateral
En este sentido, denuncian que la propuesta del Gobierno “es, en realidad, sino el fruto de un pacto bilateral con ERC” y “prácticamente la misma que ya presentó en enero de este año, cuando fue rechazada por 16 de los 17 territorios integrados en el modelo”.
“Un modelo pactado con una sola parte y a espaldas de todas las demás no puede pretender aprobarse ahora de forma apresurada, con un calendario que impide siquiera su examen. Creemos que esta forma de proceder quiebra el derecho a un trato igual, que reconocen la LOFCA y la propia Constitución Española, a todas las comunidades”, sentencian.
Las autonomías del PP cargan contra un procedimiento que “dista de responder a un verdadero mecanismo de negociación multilateral” y denuncian que se formula una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin que previamente hubiera sido objeto de evaluación técnica en el Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE).
Además, lamentan que se ha intentado “abrir una vía de negociación bilateral” con las comunidades autónomas; y en una tercera fase -que debería haber constituido el punto de partida del proceso- se presenta la propuesta de reforma ante el Comité Técnico Permanente de Evaluación, “sin que las comunidades hubieran dispuesto con anterioridad de la información completa necesaria para su análisis”.
“Este proceder ha viciado por completo el proceso de propuesta de este nuevo modelo, sin que la convocatoria extemporánea y sin la documentación necesaria del CTPE el pasado día 14, convalide todo lo mal hecho”, sentencian.
Falta de oportunidad
Las comunidades que firman la carta suman a esta objeción de fondo “otras consideraciones técnicas que, por sí solas, justifican el aplazamiento solicitado, más allá de la falta de oportunidad de una convocatoria en medio de una ola de incendios que ha motivado la declaración de emergencia nacional por los fuegos que asolan buena parte de España”.
Al respecto, apuntan que siguen sin disponer de la información “imprescindible” para analizar en profundidad la propuesta.
Así, denuncian que continúan sin facilitarse las simulaciones completas y homogéneas que permitan verificar el impacto del modelo en el conjunto de las comunidades, así como la memoria de cálculo del reparto -en particular, el desglose del mecanismo de nivelación vertical-, “reiteradamente solicitadas tanto en el seno del propio Consejo como en el Comité Técnico Permanente de Evaluación.
“Sin esa información, difícilmente podemos formarnos un juicio fundado sobre una reforma llamada a condicionar los recursos de las comunidades durante años; insuficiencia, además, puesta de manifiesto por la práctica totalidad de las Comunidades que han presentado observaciones”, resumen.
Asimismo, recuerdan que formularon un elevado número de observaciones a raíz de la reunión del 14 de julio del Comité Técnico Permanente de Evaluación, “muchas de forma precipitada la pasada semana ante el anuncio de esta convocatoria”.
En este sentido, explicaron que la documentación completa de la reunión del CPFF no se ha trasladado hasta el 24 de julio, apenas tres días hábiles antes de su celebración.
“Son observaciones de calado, que afectan a elementos estructurales del modelo -la población ajustada, los criterios de nivelación, los fondos específicos o la gradualidad en su aplicación-, cuyo estudio detallado y ponderado no puede completarse en el plazo disponible. Adoptar una decisión sobre tales premisas impediría el examen sereno y completo que la materia reclama”, indican.
Asimismo, dudaron de que ante el “alcance e importancia” de las referidas alegaciones los servicios del Ministerio “hayan tenido tiempo disponible para informar las propuestas".
Así, manifiestan que si la valoración y debate multilateral de las alegaciones iba a realizarse el 29 a primera hora en la reunión técnica, “no queda tiempo efectivo para introducir ninguna modificación de alcance de cara al posterior pleno".
"Con lo que parece que el Gobierno de España no tiene ninguna intención de valorar, y mucho menos de incorporar, alguna de nuestras propuestas o alegaciones, que se hace tan sólo por cumplir un trámite”, añaden.
Contexto presupuestario
En tercer lugar, las autonomías del PP apuntan al contexto presupuestario en el que esta reforma pretende abordarse, para recordar que las últimas cuentas aprobadas son de 2023 y las Cortes Generales no han aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria que han de servir de marco a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027.
“Acometer una reforma estructural del sistema de financiación autonómica -que determina los recursos con los que las comunidades hemos de sostener los servicios públicos fundamentales- sin un marco presupuestario estatal consolidado ni unos objetivos de estabilidad aprobados para dicho ejercicio priva al proceso de la seguridad y el rigor que un acuerdo de esta naturaleza exige”, trasladan.
Por último, critican que el Ministerio de Hacienda no ha explicado el encaje de los nuevos recursos del sistema en la envolvente financiera del Reino de España, encaje que debería informar Airef.
Y tampoco aparecen en el techo de gasto que se acaba de aprobar, ni en el plan fiscal estructural cuando “transferir recursos adicionales desde la administración central hacia las autonomías deja a la primera con menos medios para ejercer sus funciones, que también son importantes”.
