La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la Conferencia Sectorial de Vivienda de este jueves

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la Conferencia Sectorial de Vivienda de este jueves Juan Lázaro ICAL

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La Junta estudia impugnar el Plan de Vivienda en los tribunales pero vota a favor para no perder los fondos

Suárez-Quiñones avanza que los servicios jurídicos del Gobierno autonómico analizan las "brechas" del documento avaladas por el Consejo de Estado y califica de "prepotente" la gestión del Gobierno.

Más información: La Junta rechaza el Plan de Vivienda de Sánchez y le pide diálogo: "Incide en errores y fórmulas que han fracasado"

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El consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha anunciado este miércoles que la Junta estudia impugnar el Plan de Vivienda a pesar de su voto favorable para no perder los fondos.

Quiñones ha asegurado, a la salida de la Conferencia Sectorial de Vivienda, que el Gobierno autonómico se encuentra estudiando jurídicamente las vías de impugnación del nuevo Plan Estatal 2026-2030 ante la justicia contencioso-administrativa.

Y ha señalado que, pese al voto favorable a los criterios de reparto de fondos "para garantizar la llegada de los recursos económicos a los ciudadanos", el encuentro con la ministra, Isabel Rodríguez, ha evidenciado una valoración "muy crítica".

María Jesús Moro, José Antonio Bermúdez de Castro y Pedro Samuel Martín.

En concreto, se ha referido a la confección, el contenido y la exigencia de una cofinanciación superior impuesta por el Gobierno central.

"Nosotros también, desde Castilla y León, estamos estudiando jurídicamente las distintas brechas que tiene el texto", ha subrayado.

Quiñones ha hecho hincapié en que se trata de "brechas puestas de manifiesto por el Consejo de Estado, por la Abogacía del Estado y por órganos estatales técnicos que han puesto de manifiesto los numerosos elementos incorrectos".

Viviendas en venta, imagen de archivo.

Y ha precisado que la decisión final de acudir a los tribunales se guiará "exclusivamente por la eficacia y el beneficio de los ciudadanos de Castilla y León, y no por móviles políticos".

El consejero ha lamentado el desarrollo de una reunión que calificó de "no fácil" para la ministra, reprochando que el Ejecutivo central trate a las comunidades como agentes secundarios a pesar de ser las poseedoras de las competencias exclusivas y las encargadas de ejecutar los presupuestos.

Y ha censurado que el Ministerio considere a las regiones "como enemigas cuando somos colaboradoras en la política de vivienda y, entre otras cosas, somos las que ponemos dinero y las que vamos a ejecutar esa política".

Además, ha insistido en que no se ha facilitado el acceso al texto definitivo del plan antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Quiñones ha advertido de que las dinámicas basadas en la unilateralidad y la falta de concertación institucional no conducen a resultados óptimos en la gestión pública, asegurando que "no se puede actuar con prepotencia".

"Cuanto más sumemos, cuanto más colaboremos y cuanto más trabajemos de forma conjunta, mejor será la respuesta a favor del ciudadano", ha afirmado.

Sentencia del Supremo

En el transcurso de la Conferencia Sectorial también se ha analizado el impacto de la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado de forma parcial el Real Decreto 1312/2024 de arrendamientos de corta duración.

Una resolución que dictamina que el Estado carece de título competencial para desplegar un registro único nacional que se superponga a las competencias de ordenación turística de las comunidades autónomas, tras estimar el recurso de la Generalitat Valenciana.

Suárez-Quiñones ha señalado que la sentencia es "un elemento más de cómo la unilateralidad, hacer las cosas sin contar con las comunidades, pues conlleva pasarse de frenada y por lo tanto dictar una norma que le corresponde a las comunidades".

El consejero ha instado al Ministerio a extraer lecciones de este revés en los tribunales sobre la forma de gobernar, recordando que una colaboración estrecha entre administraciones es la única vía para ofrecer "respuestas eficaces" a las demandas sociales.

Respuesta del PSOECyL

Por su parte, la secretaria de Vivienda del PSOECyL, Ana Casado, ha criticado hoy que la Junta hable de “imposición” del Plan Estatal de Vivienda cuando asegura que lo firmado hoy en Madrid busca “impulsar políticas destinadas a mejorar la vida de la gente, ampliar derechos y garantizar oportunidades”.

“No debería considerarse una imposición, sino una obligación de cualquier gobierno comprometido con la ciudadanía. Es una medida positiva para Castilla y León y su ciudadanía”, sostiene Casado.

Casado también ha exigido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que "ponga fin a su política de parálisis” de la vivienda y ponga en marcha el Plan Estatal de la Vivienda 2026-2030.

“Las personas que necesitan una vivienda en Castilla y León no pueden esperar tan cómodas como está el señor Mañueco”, ha aseverado Casado.

Asimismo, ha recalcado que "el Gobierno de España cumple garantizando la protección permanente de la vivienda pública y aportando financiación, pero es el señor Mañueco, como responsable de la administración con competencia exclusiva, quien debe gestionar estas ayudas cuanto antes".