Los empleados públicos de la Junta de pueblos de menos de 2.000 habitantes tendrán prioridad para teletrabajar

La Junta de Castilla y León priorizará el acceso a la modalidad de teletrabajo a los empleados públicos que residan en municipios con menos de 2.000 habitantes, como medida de "cohesión territorial y lucha contra la despoblación", así como a aquellos que lo soliciten por razones de conciliación de la vida personal y familiar. También prestará especial atención a las víctimas de violencia de género, agresiones o situaciones de acoso laboral y sexual.

Todo ello tras la aprobación este jueves, en el Consejo de Gobierno, de un nuevo decreto que vincula el teletrabajo con la capacitación en competencias digitales y que hasta el 31 de diciembre de 2025 utilizaban un total de 1.054 empleados públicos de la Administración autonómica, según ha explicado en su comparecencia el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Esta norma, que se adopta a propuesta de la Consejería de la Presidencia, se aplica a los empleados públicos de la Administración General y de sus organismos autónomos, sin afectar al personal docente ni al estatutario de los servicios sanitarios así como aquellos cuyo puesto no pueda desempeñarse sin la presencia física. Con ello, pretende crear un marco "claro y ordenado" para consolidar un modelo "estable, homogéneo y garantista" que favorezca la conciliación y refuerce la modernización de los servicios.

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Entre los requisitos, se exige haber desempeñado de forma presencial el puesto de trabajo, u otro con funciones equivalentes en el mismo órgano o unidad administrativa, durante un periodo mínimo de seis meses consecutivos inmediatamente anteriores a la solicitud, lo que asegura un conocimiento previo suficiente del puesto y de su funcionamiento.

Colectivos de mayor protección

El nuevo decreto presta una atención especial a los colectivos de mayor protección, que tendrán prioridad en el acceso al teletrabajo.

Entre estos colectivos se incluyen las víctimas de violencia de género, las personas que hayan sufrido agresiones o situaciones de acoso sexual o laboral, el personal con un grado de dependencia reconocido o discapacidad que afecte a la movilidad, quienes soliciten el teletrabajo por razones de conciliación de la vida personal y familiar, y quienes residan en municipios de Castilla y León con menos de 2.000 habitantes, contribuyendo a la cobertura de los puestos más periféricos.

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Además, vincula el teletrabajo a la capacitación digital, al requerir la posesión del certificado de competencias digitales del personal al servicio de la Administración de la Comunidad, recientemente creado por la Junta y cuya regulación se completará próximamente. De este modo, se impulsa una Administración más preparada, eficiente y adaptada a los nuevos entornos de trabajo digital.

Un plan individual

Además, tendrá una duración inicial máxima de un año, con la posibilidad de hasta dos prórrogas adicionales, y se articulará con carácter general mediante una distribución de la jornada que combine dos días de trabajo presencial y tres días de trabajo a distancia, favoreciendo un equilibrio adecuado entre presencialidad, coordinación y flexibilidad.

Cada autorización se sustentará en un plan individual de teletrabajo, en el que se fijarán los objetivos, la organización del trabajo, los mecanismos de seguimiento y evaluación, las franjas horarias de disponibilidad y los días concretos de prestación de servicios a distancia, reforzando la orientación a resultados y la transparencia en la gestión.

El decreto incorpora también la formación, incluyendo acciones formativas específicas sobre teletrabajo, prevención de riesgos laborales, protección de datos y seguridad de la información, garantizando así que esta modalidad se desarrolle con plenas garantías tanto para el personal como para la Administración.

Por último, se crea una comisión de evaluación, con participación de la Administración autonómica y de las organizaciones sindicales, que realizará un seguimiento anual del funcionamiento del teletrabajo, evaluará sus resultados y propondrá mejoras, reforzando el carácter participativo y evolutivo de la norma.