Los ingenieros industriales advierten que la falta de regulación frena más de 100 plantas de biometano en CyL

Los colegios de ingenieros industriales de León y Valladolid han reclamado a la Junta de Castilla y León que apruebe cuanto antes la nueva normativa que regulará la instalación de plantas de biometano en la Comunidad, con el fin de “aportar seguridad jurídica a las inversiones y al desarrollo de los proyectos”.

El decano del Colegio de Ingenieros Industriales de León, Antonio Fernández, recuerda que en Castilla y León existen más de cien plantas pendientes de instalación en distintas fases de desarrollo, lo que sitúa a la Comunidad con un “claro potencial para liderar este sector en España”.

La normativa en estudio por parte de la Junta plantea fijar una distancia mínima de 1.500 metros respecto a núcleos de población y otros elementos sensibles, así como limitar la capacidad de las plantas a un máximo de 200.000 toneladas anuales de tratamiento.

“Existe una incertidumbre importante para poner en marcha los proyectos por la falta de regulación. La aprobación de esta normativa sería un revulsivo para lanzar definitivamente una actividad que situaría a Castilla y León a la cabeza del país”, destaca Fernández tras la reunión mantenida entre los máximos responsables de los colegios de León y Valladolid.

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros Industriales de Valladolid, José García Neira, insiste en la necesidad de fijar criterios claros para la ubicación de estas plantas, así como medidas correctoras que “eviten las molestias por olores”, uno de los principales problemas asociados a este tipo de instalaciones.

Plantas de Biometano Operativas en España

Ambas entidades respaldan también la demanda de la Junta para que el Gobierno elabore un plan estatal de biogás, con el objetivo de regular estas instalaciones y reducir la controversia social que generan algunos proyectos, además de mejorar la gestión ambiental de los restos biológicos.

Un potencial aún por explotar

Pese a la capacidad agrícola y ganadera de la Comunidad, Castilla y León cuenta actualmente solo con tres plantas en funcionamiento (Villalonquéjar, Ólvega y Almazán) y dos más en fase de desarrollo (Machacón y Carbonero el Mayor).

A ellas se suman once instalaciones ya autorizadas y más de cien pendientes de aprobación administrativa.

Tanto Fernández como García Neira subrayaron el “grandísimo potencial” de la región gracias a su actividad agraria y ganadera, que genera gran cantidad de residuos y, por tanto, una oportunidad para impulsar el biometano como alternativa sostenible.

“El biometano es una solución local y sostenible para gestionar residuos orgánicos como purines, estiércol, restos agrícolas o subproductos de la industria agroalimentaria”, señaló García Neira. No obstante, insistió en la necesidad de una regulación clara sobre distancias, transporte y almacenamiento para garantizar un desarrollo ordenado del sector.

Los ingenieros recordaron que el biometano es un combustible renovable que favorece la economía circular, reduce emisiones de CO₂ y puede utilizarse tanto en movilidad como en generación de calor y electricidad.